El Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste con la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y esta vez pasó de los discursos e inscribió ante la Registraduría Nacional el comité promotor de la iniciativa, a seis meses de elecciones.
La inscripción se realizó en la tarde de este viernes con la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien encabezó el acto junto a un grupo de ciudadanos que conforman el comité promotor.
Los integrantes inscritos son Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.
Sanguino estimó que podrían alcanzarse “alrededor de 10 millones de apoyos en firmas”. El comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar los respaldos ciudadanos, como lo exige la Registraduría, que deberá validar la inscripción en un término de ocho días antes de autorizar el inicio de la recolección.
El comité deberá reunir al menos el 5 % del censo electoral nacional, lo que equivale a cerca de 2 millones de firmas.
Según Sanguino, la apuesta es que la eventual convocatoria se dé con el nuevo Congreso que será elegido el 8 de marzo de 2026.
La idea de una Asamblea Constituyente no es nueva en el discurso del presidente Petro. Por el contrario, ha sido un tema recurrente que aparece cada cierto tiempo en momentos de tensión con el Congreso o de estancamiento legislativo.
Por ejemplo, fue la semana pasada con el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso que Petro amenazó con una nueva constituyente para reformar el sistema de salud en Colombia.
“La decisión de la comisión séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada, aun el congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, si no se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, manifestó el presidente en ese entonces.
La Constitución de 1991 sí contempla un procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero está lejos de ser un trámite expedito.
El primer asunto a tener en cuenta es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria. Allí se encuentra el primer escollo. El primer mandatario, quien ha tenido dificultades para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, deberá sumar esquivas mayorías para materializar su intentona constituyente.
Posteriormente, con base en el proyecto de ley, se debe crear un grupo promotor. Después de recoger las firmas, estas son revisadas por la Registraduría y pasa al Congreso.
Luego, en caso de que la iniciativa logre mayorías tanto en Senado como en Cámara, la ley pasaría inmediatamente a control de la Corte Constitucional.
Por tratarse de un tema de enorme trascendencia institucional, la revisión podría tomar cuatro y seis meses, según había explicado la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
En caso de que el alto tribunal dé vía libre al proceso, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente para que los ciudadanos voten si están de acuerdo o no con su convocatoria. Se trata de un trámite que se debe hacer entre dos y seis meses después debido a la organización logística.
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Con ese calendario, los tiempos se convierten en el mayor enemigo del Gobierno. Petro vuelve a lanzar el globo de la Constituyente, pero el reloj juega en su contra. Incluso en un escenario remoto en el que se superen todos los filtros, resultaría inviable que una eventual Asamblea se materialice durante este mandato, que concluye en agosto de 2026.
El presidente insiste en una idea que plantea desde principios de 2024, pese a haber prometido públicamente que no impulsaría un cambio constitucional.
Aunque la Carta Política permite la figura, la convocatoria no puede provenir directamente del Ejecutivo, sino del Congreso o de la ciudadanía. Lo que intenta el Gobierno es presentar el proceso como una iniciativa popular, aunque detrás esté desplegado todo el aparato estatal para promoverla.
A inicios de este diciembre, el procurador general, Gregorio Eljach, afirmó que “en el momento actual creo que no se necesita una Asamblea Constituyente”.
En su intervención, el jefe del Ministerio Público señaló que los temas que se proponen para una eventual Asamblea Constituyente “se pueden resolver hoy día con el Congreso de la República, que es el indicado para hacer los ajustes coyunturales”.
Explicó que una constituyente implica un proceso de gran envergadura y recordó que la Constitución de 1991 cumple apenas 34 años, un periodo corto si se compara con las cartas políticas de democracias consideradas maduras. Indicó que debe permitirse su consolidación antes de pensar en una nueva.
Al referirse a los riesgos de abrir un proceso de esta naturaleza, el procurador reiteró la metáfora que usó durante el evento: “una constituyente es como un globo, uno sabe dónde lo suelta, pero no sabe dónde va a caer”.
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El jefe del Ministerio Público invitó a las colectividades políticas “a cumplir con el papel, como instituciones que ayudan a la democracia nuestra; a corregir las falencias y a recuperar el tiempo perdido”.
También instó a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto y señaló que “el voto es un arma jurídica, es un deber y además un derecho constitucional”.
Eljach manifestó que el país “está en mora de actualizar el régimen disciplinario de los servidores públicos” y aseguró su compromiso para promover cambios que fortalezcan la toma de decisiones frente a casos de participación indebida en política por parte de funcionarios, sin afectar el cumplimiento de las etapas jurídicas que exige la ley.
Con información de Colprensa*
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