El hallazgo de una muestra de sangre humana en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua Brigada XX de Inteligencia Militar; el Batallón Charry Solano; y el Comando de Inteligencia, podría constituir una pieza clave para avanzar en la verdad judicial sobre el destino de varios desaparecidos que, según testimonios de exmilitares, habrían sido sepultados en ese lugar. Se trata de Pedro Julio Movilla, líder sindical, e Irma Franco Pineda, militante del M-19 que salió viva del Palacio de Justicia en 1985, entre otras víctimas.
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La muestra de sangre hallada fue notificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y está consignada en un auto, conocido por la agencia de noticias Colprensa.
El elemento forma parte del material recuperado en 2025, cuando el tribunal detectó y denunció una excavación no autorizada en zonas de interés forense que estaban protegidas con medidas cautelares desde el 12 de septiembre de 2024. En ese momento se encontró “una excavación reciente de 1.30 x 93, de profundidad y junto a ella dos palas, una prenda tipo camiseta manga larga color negro con logo militar de Escuela ‘Galán’ y plástico en varios fragmentos.
Por estos hechos, el Tribunal sancionó al director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos por incumplir las órdenes judiciales que protegían el predio. En su decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad advirtió que la “alteración del terreno cautelado es irreversible, y con ello se impactó de manera negativa los derechos de los familiares.
Entre los elementos encontrados, uno de los fragmentos de plástico, localizado en el Sitio de Interés Forense 15.3, conocido como la “Serviteca”, fue el que posteriormente arrojó resultado positivo para sangre humana. El lugar había sido señalado por el sargento retirado José Leonairo Dorado Córdoba como un punto donde presuntamente se trasladaron y enterraron personas desaparecidas.
Meses después allí fueron hallados ocho fragmentos óseos, de los cuales, uno fue confirmado como humano, correspondiente a un arco costal de una persona de 20 años o menos, sin que se pudiera establecer el sexo, mientras otro fue catalogado como posiblemente humano, aunque no se obtuvo perfil genético.
Dorado, quien trabajó en esa Brigada entre 1986 y 1997, ha revelado que Pedro Julio Movilla, desaparecido desde el 13 de mayo de 1993, habría sido llevado a las instalaciones del Batallón para ser torturado y asesinado. También afirmó que dentro de los autores materiales responsables se encontraban el sargento mayor Guillermo ‘Memo’ Angarita, alias ‘Remacho’; Loaiza, Gaona, Giraldo y Corredor de la Brigada XX. Sobre Irma Franco, señaló que el general (r) Iván Ramírez Quintero, junto con Álvaro Velandia, estaban al frente de la operación.
En el contexto de esas declaraciones, en 2025 el sargento retirado fue llevado por investigadores de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Escuela de Logística para ubicar posibles sitios de inhumación clandestina. En total habría señalado 15 puntos de interés forense dentro del predio, información que sirvió como base para que las autoridades judiciales iniciaran las labores de búsqueda y excavación que derivaron en los hallazgos de sangre humana y restos óseos.
La interpretación de la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió en su auto que el hallazgo de sangre humana en el fragmento de plástico recuperado “solo se explica a la luz de la utilización del predio cautelado como sitio de disposición de cuerpos”, lo que desde el punto de vista forense se asocia con hechos posteriores a desapariciones forzadas. El mismo documento añade que las estructuras óseas encontradas constituyen un indicio de su posible relación con crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, entre ellos homicidio y desaparición.
Para las víctimas, estos resultados representan un avance concreto hacia el esclarecimiento. “El hallazgo confirma que en ese batallón hay personas desaparecidas forzadamente inhumadas”, afirmó Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
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Ante el riesgo de alteración u ocultamiento de evidencia, las víctimas solicitaron que el predio sea declarado lugar de memoria y que ninguna unidad militar continúe operando allí, al advertir que la permanencia de personal armado podría comprometer la preservación de pruebas.
En ese contexto, el tribunal prorrogó por un año las medidas cautelares que protegen el sitio y garantizan la continuidad de las labores forenses, mientras avanzan las verificaciones técnicas y judiciales sobre los indicios hallados. Las víctimas insisten en que los resultados obligan a profundizar las investigaciones. Por ello pidieron a la Fiscalía establecer si existen responsabilidades penales, porque encontrar a los desaparecidos es una prioridad y no se pueden permitir más hechos que les impidan a las familias descansar en paz.
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