La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otros pobladores de La Guajira, Crímenes perpetrados entre 2002 y 2006 por estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión judicial, adoptada tras acoger los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, establece que hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las AUC y bajo lineamientos definidos por sus máximos jefes, entre ellos Mancuso, cometieron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, hechos de violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos.
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Entre los episodios más graves atribuidos a esa estructura armada está la incursión a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrido el 10 de octubre de 2003. Durante varias horas, integrantes del frente paramilitar torturaron a miembros de la comunidad Wayúu, además de destruir y robar bienes de alto valor cultural como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, que constituían su principal medio de subsistencia.
La sentencia también da cuenta al asesinato de dos indígenas wayúu el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, en la misma zona.
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El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 hombres. Su conformación permitió la expansión armada de las AUC en amplias zonas de La Guajira, especialmente en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. consolidando el control territorial mediante la violencia contra la población civil.
Como parte de la sentencia, el tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades wayúu asentadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en el municipio de Riohacha.
Mancuso, considerado uno de los jefes paramilitares más temidos del conflicto armado colombiano y hoy designado como gestor de paz por el Gobierno,fue condenado a 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ya la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo período. No obstante, la pena se enmarca en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que contempla una pena alternativa de hasta ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición impuestas en la sentencia.
¿Puede seguir siendo gestor de paz?
Tras su regreso a Colombia, luego de pasar 17 años en una prisión de Estados Unidos, Salvatore Mancuso fue designado como gestor de paz, pese a las múltiples condenas y crímenes que se le atribuyen en el marco del conflicto armado. En ese contexto, desde el punto de vista jurídico, esta nueva sentencia no implicaría una modificación automática de dicha designación, ya que la figura de gestor de paz no constituye un cargo público ni está condicionada a la ausencia de antecedentes penales, sino que depende de una decisión del Gobierno nacional.
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Sin embargo, el fallo sí refuerza las obligaciones que Mancuso debe cumplir dentro del esquema de la Ley de Justicia y Paz, particularmente en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición. El incumplimiento de estos compromisos podría acarrear la pérdida de los beneficios judiciales concedidos.
De acuerdo con esa misma ley, a quienes se sometieron al proceso, incluido Mancuso, se les otorgó una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada a no reincidir, participar activamente en los actos de reparación y atender los requerimientos de la justicia. Estas obligaciones se suman al beneficio administrativo concedido por el Gobierno nacional al permitirle ejercer como gestor de paz y permanecer en libertad, siempre que cumpla con los compromisos establecidos por la jurisdicción.
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