Colombia sigue viviendo los estragos de la “crisis explícita” del sistema de salud. Esta semana la institución prestadora de servicios de salud (IPS) Gesencro —ubicada en Palmira, Valle del Cauca— suspendió su funcionaminento. La noticia dejó en vilo a cerca de 5.000 pacientes que atienden allá, en su mayoría afiliados de la EPS Emssanar.
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El centro médico venía prestados sus servicios en ese departamento, especialmente a personas con enfermedades crónicas discapacitantes y de alta prevalencia, como la diabetes mellitus, la HTA, dislipidemias, enfermedades pulmonares y la enfermedad renal crónica.
Personas residentes de El Cerrito, Buenaventura, Buga, Palmira y Candelaria que recibían atención en esa institución quedaron a la deriva y tendrán que encontrar otros prestadores para continuar sus tratamientos.
Para la Secretaría Departamental de Salud, este cierre hace parte de las consecuencias de la crisis estructural que vive el sistema en todo el país, que surge, principalmente, de la insuficiencia financiera de las EPS, que surge de la insuficiencia de los recursos que les entrega el Estado por medio de la unidad de pago por capitación (UPC). Esa situación ha sido reconocida por la Corte Constitucional.
En ese sentido, la secretaria María Cristian Lesmes expresó que “esto no es un problema de Gesencro ni del Valle del Cauca, es un problema del país”.
“Es muy lamentable para el departamento que instituciones pequeñas se vean abocadas al cierre, que los empleados que estaban trabajando en Gesencro queden desempleados y que pacientes que estaban muy satisfechos con el servicio prestado, se encuentren en la disyuntiva sin saber dónde los atienden”, agregó.
De igual manera, la funcionaria manifestó, en diálogo con la emisora Radio Reloj Cali, que “esto es una gota más que rebosa el vaso, que hace absolutamente clara la dificultad financiera que tiene el sector y cómo afecta a las personas”.
Incremento de la mortalidad en Nueva EPS
Este miércoles, un estudio de la Gobernación de ese departamento —liderado por Lesmes— analizó si, desde julio de 2025, se ha presentado un aumento diferencial en la mortalidad de esas personas en comparación con el resto del sistema en ese departamento.
Los resultados evidencian una asociación temporal consistente entre el agravamiento de la crisis administrativa de la entidad y un incremento significativo en las defunciones de sus usuarios. De acuerdo con el informe, mientras el promedio del sistema de salud allá registró un aumento del 9,6% en la mortalidad durante el periodo analizado, Nueva EPS alcanzó un 14,1 %.
Esa diferencia de 4,5 puntos porcentuales marca una brecha relevante. En términos comparativos, el alza en la mortalidad de los afiliados a esa EPS fue 47 % superior a la observada en las demás que operan en el Valle. Esto sugiere un comportamiento atípico frente al resto del aseguramiento regional.
Para sustentar el análisis, los investigadores recurrieron a los datos del Registro Único de Afiliados – Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND), que fueron procesados por la Secretaría Departamental de Salud. El universo examinado incluyó 97.095 defunciones no fetales de residentes de esa zona, excluyendo causas externas como accidentes de tránsito, homicidios o lesiones, debido a la ausencia de registro de EPS en esos casos.
La hipótesis central del documento, publicado por el portal Consultor en Salud, planteó que fallas sistemáticas —como negación de autorizaciones, desabastecimiento de medicamentos, interrupciones en tratamientos y obstáculos para acceder a especialistas— podrían estar relacionadas con un aumento en muertes evitables. El estudio buscó determinar si estos problemas administrativos trascendieron el plano operativo para incidir directamente en los desenlaces clínicos.
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