Asocapitales, organización que reúne a las 32 alcaldías de ciudades capitales, advirtió que el sistema de salud atraviesa una crisis de proporciones nunca antes vista. Su director, Andrés Santamaría, afirmó que el deterioro del sector está generando suspensión de tratamientos, demoras críticas y un riesgo creciente para la población más vulnerable.
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Santamaría explicó, en diálogo con El País de Cali, que la Nueva EPS —la más granfe del país, con más de 11 millones de afiliados— concentra gran parte del colapso. La deuda con clínicas y hospitales pasó de $5,4 billones a $21 billones, según cifras citadas por la Contraloría. Esto ha llevado a instituciones, como la Clínica Occidente en Cali, a detener servicios por falta de recursos, dejando a miles de usuarios sin atención continua.
El director señaló que Cali es una de las ciudades más golpeadas por esta situación debido a la capacidad limitada de su red pública, lo que agrava la presión sobre las clínicas privadas. En contraste, Bogotá ha logrado amortiguar mejor la crisis gracias a su mayor infraestructura hospitalaria. Sin embargo, subrayó que el problema es de alcance nacional y ya compromete la estabilidad de la red en varias regiones.
Ante este panorama, Asocapitales decidió adherirse a la acción popular admitida por el Tribunal Administrativo y presentada inicialmente por la Alcaldía de Medellín. El objetivo es exigir que el Gobierno del presidente Gustavo Petro disponga medidas inmediatas para garantizar pagos a las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y restablecer la continuidad en los tratamientos críticos. En el manifiesto firmado por 30 secretarios de Salud, la asociación advirtió que el derecho a la vida está siendo vulnerado por la falta de medicamentos y la interrupción de terapias esenciales.
Santamaría comparó la gravedad de la situación con un “homicidio culposo”, al señalar que un paciente con cáncer sin acceso a tratamiento está condenado. Aunque las urgencias atienden casos vitales, la ausencia de seguimiento clínico equivale —según aseguró— a “dejar morir a las personas en vida”, una responsabilidad que recae directamente sobre el Estado.
La organización también analiza un paso más drástico, que es solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La razón, como lo dijo Santamaría, es que en Colombia las órdenes judiciales para proteger a los pacientes se cumplen solo de manera fragmentada, sin que exista una solución estructural ni un compromiso claro del presidente Petro para enfrentar la crisis.
Además de la emergencia en salud, el líder gremial habló sobre la situación de seguridad en capitales, marcada por el crecimiento de grupos armados y un aumento significativo de delitos como homicidios, secuestros y ataques a infraestructura. Según explicó, aunque los alcaldes refuerzan presupuestos y estrategias locales, combatir estructuras criminales de gran complejidad requiere operativos e inteligencia a cargo de la Administración nacional.
El directivo resaltó que Asocapitales mantiene un trabajo técnico con el Gobierno, pese a desacuerdos en temas de seguridad. La asociación promueve acuerdos, asistencia técnica y estructuración de proyectos estratégicos en movilidad, transición energética e infraestructura social para las ciudades capitales.
Finalmente, Santamaría aseguró que si el Estado no actúa y los mecanismos internos siguen fallando, acudir al sistema interamericano será una decisión ineludible para impedir que la crisis financiera del sistema de salud cobre más vidas.
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