En un fallo histórico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña Petro Presidente en 2022 estuvo manchada por tres grandes conductas irregulares: violación de topes, ocultamiento de gastos y financiación de fuentes prohibidas.
Ricardo Roa, como gerente de esa campaña, fue determinante en esas conductas y recibió una sanción que asciende a los 5.922 millones de pesos —que tendrá que pagar junto a la entonces tesorera y auditoria—.
Según el fallo, todas las decisiones económicas —ingresos, contratos y movimientos presupuestales— pasaban por la autorización del hoy presidente de Ecopetrol.
Incluso, en su propia versión libre, Roa afirmó haber mantenido un reporte directo y permanente a la plataforma Cuentas Claras, lo que para el organismo sancionatorio confirmaba su control absoluto sobre la contabilidad de ambas vueltas presidenciales.
La resolución también recoge la declaración del coordinador de riesgos de donaciones, quien señaló que Roa era quien daba el visto bueno final para recibir aportes. Para el CNE, esas piezas permiten establecer un nivel de responsabilidad directa en los hechos que ahora deberán ser examinados por la Fiscalía, pues compulsó copias para que lo investiguen.
¿Renunciará?
En abril de 2024, Roa hizo una “promesa” en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
En ese momento, a pocos días de cumplir su primer año al frente de Ecopetrol, el presidente de la petrolera estatal defendió su gestión, dado que enfrentaba cuestionamientos por el manejo fiscal de la entidad y otros señalamientos, ante lo cual dijo que priorizó el ahorro y la inversión.
En medio de su defensa, las indagaciones sobre las conductas indebidas en el manejo de la campaña Petro Presidente ya circulaban en el CNE, aunque no había un proceso abierto oficialmente pues terminó sucediendo en agosto.
Roa rechazó las acusaciones y retó a los congresistas que lo confrontaron: “Yo no puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí hoy no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no las encuentro (...) Si ustedes las tienen, por favor muéstrenmelas”.
En ese mismo espacio, Roa reveló el compromiso que había pactado con la junta directiva: si su presencia llegaba a afectar el buen nombre, la reputación o el valor bursátil de la compañía, él mismo se apartaría del cargo “sin que nadie me lo tenga que pedir”.
Lo presentó como un acuerdo entre él y la junta directiva de la entidad, basado en transparencia y responsabilidad personal, y afirmó tener la convicción suficiente para actuar de forma coherente si la situación lo exigía.
Más de dos años después, esta semana de finales de noviembre, la situación cambió y por ahora Roa no ha renunciado.
Este viernes, fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que se reunió con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para discutir su futuro en el Gobierno y los alcances del fallo del CNE.
Según fuentes dentro de Ecopetrol que hablaron con el diario Portafolio, incluso en la entidad consideraban que el fallo en contra de Roa generaría una grave afectación a las actividades financieras de la petrolera.
“Se debe ir, porque si se queda va a ser muy complicado. No habla bien que un presidente de la empresa más grande del país esté involucrado en esta situación”, dijo una fuente reservada. “Hay que proteger la compañía, ya le han hecho suficiente daño y se ve con los resultados financieros”, agregó otra.
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¿Qué enfrenta Roa?
La sanción del CNE no se limita a reconocer las irregularidades, sino que también impuso sanciones económicas a Roa.
Tras la compulsa de copias a la Fiscalía, si el ente acusador determina imputar al exgerente, podría enfrentarse a un juicio que termine en la cárcel según los presuntos delitos.
Por ahora, la compulsa enviada a la Fiscalía no fija conclusiones penales ni adelanta responsabilidades, sino que traslada los elementos encontrados para que el ente acusador abra o continúe indagaciones por presunta financiación prohibida, violación de topes o eventuales maniobras de presentación documental.
En la decisión, el CNE también negó las solicitudes de la defensa de Ricardo Roa, que pedía corregir lo que consideraba irregularidades procedimentales e inadmitir varios elementos probatorios. La resolución precisó que el dictamen pericial aportado por la defensa fue descartado por no cumplir los requisitos técnicos exigidos por el Código General del Proceso.
¿Qué sigue?
Roa anunció este viernes que interpuso una tutela frente a lo que decidió el CNE, asegurando que supuestamente ese organismo abrió el periodo de alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas que habían sido decretadas, en especial un concepto técnico solicitado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), al que consideró determinante para analizar los informes de ingresos y gastos de la campaña en primera y segunda vuelta.
Además, a través de sus redes sociales, dijo que “siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.
Y agregó: “esta decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo”.
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