La reforma a la justicia quedaría en manos de los ciudadanos si el Gobierno Nacional acepta adelantar un referendo para modificar toda una rama judicial, golpeada por el escándalo de corrupción que salpicó altas cortes y puso a tambalear a todo el sistema judicial en el país.
Sin que haya aún pronunciamientos de fondo sobre si es decisión tomada y la forma como se ejecutaría esta opción, que fue sugerencia del procurador general, Fernando Carrillo, hasta el momento hay dos elementos visibles: fecha y alcance.
Sería el 10 de marzo de 2018 y abarcaría cuatro temas: eliminar las facultades electorales de las altas cortes, lograr un acuerdo sobre la conformación de un nuevo órgano que investigue magistrados, mejorar la formación de los estudiantes de derecho y adoptar medidas efectivas para la descongestión judicial.
Aunque es cierto que sería un mecanismo que omitiría al Congreso, que no ha podido llevar a cabo la reforma (muchas veces por el temor al control que tienen en las Cortes), hay varias dudas en la forma y el fondo de esta opción.
Las Posibilidades de éxito no son favorables
La historia de los referendos en Colombia es un duro lastre para este mecanismo.
Desde que nos rige la Constitución del 91, solo uno, en el 2003, llegó a las urnas y a pesar de la popularidad de la que gozaba el gobierno, no logró aprobación en 14 de las 15 propuestas. (ver recuadro)
Cabe analizar que esta vía está muy atada al liderazgo y popularidad del presidente y para el caso del actual “llega muy dividido y polarizado. Ni aunque lo adelante el procurador tiene garantías de éxito”, sostuvo Jorge Iván Cuervo, analista político.
Aparte, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, recalcó que el proceso puede tener un “enemigo” impasable en la misma Corte Constitucional, que es la que tiene la palabra final y tendría que aprobar el mecanismo que podría voltearle toda su realidad.
Por su forma, puede quedar incompleto
El referendo se concibe como un mecanismo popular en el que se le lleva al ciudadano una serie de reformas en forma de pregunta, en las que debe marcar un sí o un no.
La ley ordena que para que una pregunta se apruebe, primero debe cumplir con un mínimo de votación del 25% del censo electoral. Lo segundo es, por supuesto, que gane el sí.
En ese sentido, es imposible saber cómo se va a llegar a cambios de fondo para una rama del poder, con un mecanismo de respuesta simple.
Así lo expresó Viviane Morales, senadora y aspirante presidencial liberal: “Claro que la gente va a contestar que quiere abogados más éticos, pero eso no va a desembocar en un diseño institucional que es el que se necesita”.
Hablar de un referendo para una reforma que no ha podido realizarse en 26 años, para otros expertos es calificada de improvisación o ligereza.
“El Ministro empezó al revés. Para hacer una reforma se necesita un acuerdo nacional y, desde ahí, sí se pueden analizar las opciones”, consideró el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. En esa misma línea está Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre: “Antes de tomar decisiones en urnas se requiere acuerdos sobre los temas, como producto de discusiones con la participación de la rama y la academia”,
Asimismo, los cuatro temas en los que se centraría la reformar podrían no abarcar todas las fallas que han desnudado los escándalos de corrupción en la Corte Suprema.
Tanto Burbano como Arrubla, dos juristas curtidos en temas de la carta magna, manifestaron su confusión por tres puntos que se llevarían a la consulta.
Para empezar, Arrubla sostiene que crear un nuevo tribunal es un “error garrafal”, cuando el escándalo de Gustavo Moreno demostró que hasta las altas cortes son susceptibles a la burocracia.
Así mismo, dice no conocer cómo se pretende mejorar la educación del abogado con preguntas de sí o no.
A su vez, Burbano aseguró que las “medidas” para la descongestión, podrían fácilmente resolverse con una mejora en el presupuesto de la rama.
Los tiempos no cuadran en la agenda
La cantidad de tiempo necesaria para la aprobación, sumado al abultado calendario electoral siembran dudas a las autoridades electorales, como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral sobre la conveniencia de elaborar un referendo.
Vale recordar que, al no ser una iniciativa popular y sí del Gobierno, el referendo deberá surtir un trámite de ley y una revisión constitucional.
Eso significa dos debates en el Senado, otros dos en Cámara (sin contar la vacancia del Congreso entre diciembre y enero) y un paso de control por la Corte Constitucional.
Aparte de eso, se debe crear todo un programa de pedagogía para que la gente entienda qué es lo que va a votar, qué podría cambiar y las implicaciones que eso tiene.
Sobre la marcha, entidades como la Corporación Excelencia en la Justicia han hecho un llamado público para tomar la reforma con seriedad y no apurarla con herramientas como el Fast Track o aprovechando la agenda preelectoral.
La corrupción, un tema que se puede politizar
De lograr sacar a flote la idea, el referendo sería un día antes de las elecciones al Congreso, y la primera vuelta presidencial, el 27 de ese marzo.
Este escenario podría servir para que la reforma a la justicia y la anticorrupción se vuelva la bandera de algunos candidatos para hacerse más visibles.
“Esto no solo le cae a Claudia López o a Robledo, ya todos se han subido al barco de la anticorrupción. Entonces el principal problema es que la justicia se ha politizado y en pleno ciclo electoral, quedará en riesgo que se siga politizando”, concluyó Cuervo.
Sin embargo, aunque Barrios coincide en que es inevitable que lo anterior ocurra, asegura que esto va a conllevar a que los partidos justifiquen muchas actuaciones polémicas de la historia reciente.
“Lo que vamos a tener es un debate más duro, si llega a darse, pero también más politizado porque va a ser de acusaciones”, aseguró Barrios, que recalcó que “las Cortes son las responsables de que estemos en un punto tan grave como es hablar de constituyentes, porque nos bloquearon el sistema político del país”.
9
millones de votos es lo que necesitaría un referendo en Colombia para que sea válido
