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Ni constituyente ni reforma. El Gobierno optaría por llevar al ciudadano la forma de sanear al sistema y desempolva una figura siempre polémica.
La reforma a la justicia quedaría en manos de los ciudadanos si el Gobierno Nacional acepta adelantar un referendo para modificar toda una rama judicial, golpeada por el escándalo de corrupción que salpicó altas cortes y puso a tambalear a todo el sistema judicial en el país.
Sin que haya aún pronunciamientos de fondo sobre si es decisión tomada y la forma como se ejecutaría esta opción, que fue sugerencia del procurador general, Fernando Carrillo, hasta el momento hay dos elementos visibles: fecha y alcance.
Sería el 10 de marzo de 2018 y abarcaría cuatro temas: eliminar las facultades electorales de las altas cortes, lograr un acuerdo sobre la conformación de un nuevo órgano que investigue magistrados, mejorar la formación de los estudiantes de derecho y adoptar medidas efectivas para la descongestión judicial.
Aunque es cierto que sería un mecanismo que omitiría al Congreso, que no ha podido llevar a cabo la reforma (muchas veces por el temor al control que tienen en las Cortes), hay...