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Colombia recibió este miércoles dos noticias claves en torno al proceso de paz y a su implementación, referentes a la construcción de memoria histórica y la ejecución de recursos.
Por un lado, se vio cómo Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, quienes comandaron siendo enemigos a las Farc y a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) –respectivamente–, aceptaron dialogar por más de tres horas a instancias de la Comisión de la Verdad sobre cómo, desde su óptica, se gestó y produjo una guerra en la que los dos, solos y según la justicia ordinaria, son responsables de más de 2.000 muertos.
“Hablamos sobre por qué hubo tantas víctimas de civiles inocentes (al menos 265.000 entre 1958 y 2018, de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica) que murieron en medio de ese conflicto”, resumió el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión y quien moderó la cita virtual.
Y, por otra parte, la Contraloría reveló su quinto informe sobre la ejecución de recursos para la implementación del acuerdo firmado en La Habana en 2016. Su visión fue crítica.
Según el ente fiscalizador, entre 2017 y 2020 se ejecutaron 22,4 billones de pesos, lo que representa un 65 % de lo previsto para esos cuatro años. Es por eso que advirtió que la implementación del acuerdo no se dará en 15 años –como se estipuló tras las negociaciones en Cuba–, sino en 26. “El avance aún es insuficiente”, se lee en el documento de 300 páginas.
EL COLOMBIANO les puso la lupa a los dos hechos, registrados en menos de 24 horas, para analizar su impacto y los retos que le imponen al país.
Enemigos de guerra se encontraron a hablar de paz
Tuvieron que pasar cuatro meses y 12 días desde el anuncio de esta Ruta de Contribución a la Verdad para que Colombia y las víctimas del conflicto armado escucharan el testimonio de dos hombres que, en su momento, comandaron dos de los grupos que dejaron dolor en el país: la guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares de las Auc a quienes, en conjunto, se les adjudican 130.437 muertes violentas según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En efecto, los excomandantes Rodrigo Londoño, de las Farc, y Salvatore Mancuso, de las Auc, cumplieron su cita del pasado miércoles ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad donde, mediados por el padre Francisco de Roux, presidente de esa entidad, aceptaron sus responsabilidades y pidieron perdón a las más de 8 millones de víctimas que ha dejado la guerra en el país según el Registro Único de Víctimas (8.376.463 víctimas entre 1986 y 2017).
“Ahora nos preguntamos, ¿fueron necesarias tantas víctimas? La guerra no tiene lógica y en su momento no nos dejó pensar en el daño que estábamos haciendo”, admitió Rodrigo Londoño durante la conversación de tres horas y media en la que intervinieron también comisionados de la verdad y funcionarios de la Comisión de la Verdad.
Londoño, según la Corte Penal Internacional, tiene 16 condenas por asesinatos, secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010. Lo investiga ahora la Jurisdicción Especial para la Paz.
Entre tanto, Mancuso purgó una pena de más de 10 años por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, mientras que en Colombia aún tiene cuentas pendientes con la justicia. Sobre él pesan dos condenas por más de 1.500 actos delictivos cometidos en la zona norte del país entre 1992 a 2004, según la Fiscalía y el sistema de justicia transicional Justicia y Paz. Y otra condena por 40 años por la masacre de El Aro (Ituango), no purgada por el sometimiento a Ley de Justicia y Paz.
El encuentro, que comenzó con 45 minutos de retraso por dificultades de conexión con los invitados, se dio con los excomandantes desde la virtualidad: Mancuso apareció ante cámaras desde una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, con el tradicional overol naranja que representa a los presos; mientras que Londoño habló desde la libertad que le otorgó el Acuerdo de Paz en un lugar que no fue revelado por su seguridad.
Entre los temas a tratar, el padre de Roux mencionó ataques a pueblos por parte de las Farc, políticos aliados a las autodefensas, financiación de las armas, narcotráfico, exterminio de la Unión Patriótica y el control territorial sobre la salud, la educación y las universidades.
Tras mencionar sus inicios en las filas de la guerrilla y en los grupos paramilitares, los excomandantes respondieron a la pregunta de ¿dónde surgían los recursos para financiar a cada grupo?
Para este punto, el primero en responder fue Salvatore Mancuso, quien acusó a la Fuerza Pública de ser una de las fuentes de financiación de las Autodefensas, pues, según él, las denominadas “Convivir” habrían ayudado a dirigir los recursos que habrían aportado agentes del Estado que, además, habrían compartido información privilegiada que los ayudó a cumplir con sus crímenes.
Así mismo, aseguró que los nombres de las personas que debían asesinar llegaban supuestamente de los organismos del Estado, aunque solo se limitó a dar su versión en este aspecto y no habló de cómo podía probarlo.
Pero esa no fue la única responsabilidad que el exjefe paramilitar le atribuyó al Estado. Tal como describió ante la Comisión, el asesinato sistemático de los integrantes del partido de izquierda Unión Patriótica habría sido ordenado por los políticos de ese entonces sin mencionar ninguno en particular. “Reconozco que las autodefensas tuvieron responsabilidad en esos crímenes, pero el exterminio de la Unión Patriótica fue responsabilidad del Estado”, sentenció.
Por su parte, el excomandante Londoño reconoció que la principal fuente de financiación de esa organización fueron los trabajos relacionados con narcotráfico y la siembra de coca. Y, como ha dicho con anterioridad, insistió en que los secuestros permitían financiar algunos frentes.
En ese orden de ideas, aprovechó para negar la idea de que países comunistas los financiaban. “No es cierto que de Moscú (Rusia), o de Cuba nos llegaban dólares o armamentos, eso es un mito”, dijo.
Más adelante, Londoño respondió que los ataques a la población civil que se daban en los municipios no eran contra ellos si no que, según él, iban en contra de las bases militares “que cada vez se construían más fuertes, por lo que había que usar más cargas explosivas”.
Sobre estos puntos, el analista Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, opinó que aún falta que estos espacios se traduzcan en nombres concretos que ayuden a determinar cuáles políticos y empresarios ayudaron a financiar la guerra. “De lo contrario, serán detalles superficiales”, dijo Rosania. (Ver: Para saber más)
Un total de 18 representantes de víctimas acudieron al lugar de la Comisión de la Verdad donde se encontraba el padre de Roux y desde donde transmitió el encuentro. A ellas, provenientes de regiones como Huila, Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, Meta, Casanare y Bogotá, se les veía expectantes y, en algunos momentos, conmovidas.
“Me movió muchas fibras cada momento en que se mencionó al Estado como cómplice y como victimario. Es muy triste que ellos, que deberían cuidarnos, sean los que tienen tantas responsabilidades en esta guerra. Por eso me hace falta que estén, que participen como institución y reconozcan sus responsabilidades”, manifestó Jeison Mena, víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Riosucio, Chocó, por disputas entre las Farc y las Auc.
Pese a eso, Mena manifestó sentirse satisfecho con el ejercicio y pidió más tiempo para seguir entendiendo cómo ocurrieron los hechos y por qué.
Y en esto último concuerda Teresa Aristizábal, parte del equipo coordinador de la Ruta Pacífica de las Mujeres, una organización con presencia en 18 departamentos que reúne víctimas y activistas en pro de la paz. Para ella, “este encuentro fue necesario y esperanzador, pues nos permite conocer más detalles de esta guerra que nos duele tanto”.
Aristizábal valoró la reunión que llevó a cabo la Comisión con las víctimas antes de este encuentro. “Esos espacios nos dan un lugar especial y nos permite manifestar lo que sentimos antes de enfrentarnos al reto de escuchar los relatos”, concluyó
Rezago de $15 billones en recursos para posconflicto
Si se mantiene el ritmo anual de ejecución de los recursos destinados para el posconflicto, el país tardaría 26 años en lograr la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre las extintas Farc y el Gobierno Nacional, es decir, 11 años más de lo previsto para este fin. Así lo concluyó la Contraloría General de la República en el quinto informe de seguimiento, que presentó ayer.
De acuerdo con el organismo de control, esto se debe a que en ninguno de los años comprendidos en el periodo 2017-2020 se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para la implementación del Acuerdo, una tendencia que se mantiene en 2021.
En ese lapso, “encontramos una ejecución de $22,4 billones, es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que significa, además, un avance del 15 % frente a los costos totales estipulados del Acuerdo de Paz, que son de $146,7 billones, a precios de 2020”, indicó Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República. Esta ejecución sube de $22,4 a $28 billones si se tiene en cuenta la realizada en el primer trimestre de este año.
Así las cosas, estableció el informe, en 2017 se ejecutaron $5,36 billones de $9,09 billones previstos; en 2018, $4,21 billones de $8,62 billones; en 2019, $6,31 billones de $8,55 billones y en 2020, $6,53 billones de $8,38 billones. Para el caso de 2021 se programaron $5,67 billones frente a $8,80 billones previstos en el MFMP. Esto representa, según la Contraloría, un regazo de al menos $15 billones en la ejecución de recursos.
Al respecto, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, manifestó que el actual Gobierno Nacional ha trabajado para lograr la implementación de los distintos frentes del Acuerdo de Paz y que han tocado las puertas de distintos actores locales, departamentales, nacionales, del sector privado y de la comunidad internacional para que hagan aportes.
“La Contraloría utiliza (en su informe), como debe ser, el texto fiscal que se pensó por parte de la administración anterior y las proyecciones que se hicieron en ese entonces con la idea de cuántos recursos se necesitarían para cumplir lo previsto en el Acuerdo de Paz. Pero, -esos recursos no estaban-, firmar acuerdos no produce recursos ni las reformas constitucionales tampoco. Ha sido esta administración la que se ha conseguido los recursos”, expresó el consejero.
Por su lado, Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el Posconflicto, explicó que el Presupuesto General de la Nación es la fuente de financiación principal para la implementación de los puntos del Acuerdo, en tanto que concentra el 71 % de los recursos asignados, mientras que las demás fuentes de financiación presentan un menor dinamismo, lo que explicaría por qué se ha programado la ejecución por debajo de lo previsto en el MFMD.
Asimismo, según el informe, el punto 1 del Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral) concentra el 67 % de la totalidad de recursos ejecutados desde 2017, seguido del punto 3 (Fin del Conflicto), con el 12 %, y del punto 5 (Víctimas), con el 10 %.
Respecto a la Reforma Rural Integral, Gualdrón indicó que se han destinado $18,4 billones, de los cuales los pilares de Educación rural, Infraestructura y adecuación de tierras, y Producción agropecuaria y economía solidaria concentran la mayor cantidad. En este aspecto, considera el contralor delegado, hay un desbalance que es importante analizar, pues, por ejemplo, hay tres pilares (Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, Salud y Garantía progresiva del derecho a la alimentación) que tienen una asignación de solo 6 % del total de los recursos.
Ligado a este punto están las inversiones realizadas en los 170 municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que han sido los más afectados por el conflicto armado y las problemáticas sociales. Según Córdoba una de las dinámicas para mejorar la calidad de vida en estos lugares ha sido la de obras por impuestos, que dejan proyectos en ejecución por valor de $620.868 millones, asociados principalmente a infraestructura del transporte (54%), educación (26 %) y vivienda (17 %). Archila dijo que las comunidades de estos municipios se empoderan cada vez más y que han presentado más de 33.000 iniciativas productivas y de otra índole.
Finalmente, el informe refiere que en el punto de Solución al Problema de Drogas se han sustituido 44.185 hectáreas en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que ha contado con una ejecución de $1,2 billones entre 2017 y 2021. Sin embargo, el contralor general resaltó que hay un rezago, principalmente en la fase de proyectos productivos de ciclo corto y largo, pues solo 726 familias tienen el proyecto culminado, lo que representa el 1 % de todas las beneficiarias. Al respecto, Archila reiteró que se mantiene el trabajo con 100.000 familias voluntarias para el proceso de sustitución y que, solo en el actual gobierno, han erradicado 17.000 hectáreas de coca.
La Contraloría concluyó que el impacto de la pandemia por la covid-19 en las finanzas del Estado puede influir en el faltante programado en 2020 y 2021 para cumplir con lo previsto en el MFMP