Desde la oposición advirtieron que el mandatario habría incurrido en los delitos de financiación de campañas con fuentes prohibidas, violación de topes de gastos electorales y lavado de activos.
No cesan los coletazos frente al supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por parte del contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo. Este jueves, fue radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el primer mandatario.
A esta instancia –encargada de conocer denuncias penales o quejas disciplinarias, entre otras, contra jefes de Estado–, llegó un recurso en el que se pide investigar a Petro por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial en 2022 con dineros de origen ilícito.
Según el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, la denuncia se fundamenta en recientes revelaciones que indican que Buitrago habría entregado $500 millones a la campaña de Petro a través del empresario catalán Xavier Vendrell, quien ha admitido haber recibido dichos recursos.
Inclusive, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó que el dinero ingresó a la campaña, aunque la devolución de estos fondos no se habría realizado bajo los parámetros exigidos por la ley.
“Esto contrasta con las afirmaciones del presidente Petro, quien ha asegurado que ordenó la devolución del dinero y solicitó grabar el proceso. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna prueba documental que lo confirme, lo que genera serias dudas sobre la transparencia en el manejo de estos fondos”, reclamó Uribe.
Para el congresista, con base en estos hechos se habrían constituido delitos como la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de los topes de gastos electorales y el lavado de activos, teniendo en cuenta que los recursos provendrían de actividades de contrabando y habrían sido supuestamente ingresados a la campaña sin ser debidamente reportados.
“Este escándalo que involucra al Gobierno Petro es repugnante. Todo lo que el país ha conocido en las últimas horas es tenebroso y deja abiertos muchos interrogantes que los organismos de investigación deberán esclarecer a la mayor brevedad (...) Todo esto es una trama nauseabunda, donde una vez más, se involucra al presidente, que, a propósito, sigue por fuera del país en lugar de estar respondiendo y dándole las explicaciones a todos los colombianos”, agregó el senador.
Actualmente, en la Comisión de Acusación reposan varias denuncias contra el mandatario, entre ellas, una por presunta violación de topes de campaña. Sin embargo, partidos de oposición como el Centro Democrático o Cambio Radical han reclamado que las investigaciones no avanzan.
Esa célula legislativa, por mandato constitucional, es la encargada de conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República, el fiscal General y magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
Justamente, se trata de la Comisión en la que reposan varias denuncias contra el presidente, entre ellas, algunas por el supuesto ingreso de recursos ilícitos a la campaña –como dejó entrever Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente–, así como por violación de los topes de financiación, como habría quedado al descubierto tras los escandalosos audios del embajador Armando Benedetti en los que habló del aparente ingreso de $15.000 millones no reportados a la campaña en la Costa Atlántica.
Sin embargo, de la diversidad de casos, solo uno está en indagación preliminar por parte de la Comisión: el proceso relacionado con los $1.000 millones que habría recibido Petro Burgos a manos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra –mejor conocido como el Hombre Marlboro–, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca.
Ese proceso está a cargo, además de Wilmer Carrillo (Partido de la U), de dos alfiles del Gobierno: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. El primero es un petrista de antaño, mientras que la segunda llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras.
