Con 36 hallazgos administrativos de los cuales 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar, finalizó una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República a la gestión adelantada por el Banco Agrario, entre el 1 de enero 2019 y el 30 de junio de 2021, respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta el 2017.
El organismo de control emitió un concepto adverso sobre esta gestión del Banco, en cuanto a la atención del rezago de subsidios pendientes de ejecución entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021.
Para la Contraloría, no es conforme el cumplimiento por parte del Banco Agrario como otorgante de estos subsidios y los demás actores involucrados en el programa (gerencias integrales, oferentes, contratistas, interventores y supervisores), respecto a la atención de tal rezago.
Tampoco hay conformidad sobre la verificación de los parámetros (o requisitos) de los hogares beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural otorgados hasta 2017, que fueron reemplazados o retirados por el Banco Agrario, en el período de enero de 2019 a junio de 2021.
“El banco ha realizado el retiro de los beneficiarios de forma unilateral, mediante acto administrativo, sustentado en evitar la afectación de los ciudadanos para que puedan volver a postularse a programas y para la depuración de la base de datos, sin considerar que el derecho fundamental a una vivienda digna, les había sido reconocido por el Estado”, se lee en un comunicado.
Para la Contraloría, con esta acción se afecta al ciudadano, por causas endilgables al Banco Agrario, por cuanto las situaciones ocurridas obedecen a incumplimiento de los contratistas ejecutores de obra y de las interventorías, y a la presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes, los cuales fueron avalados por las gerencias integrales o por el Banco, en su momento, sin evidenciar que se encontraban desfinanciados.
La Contraloría verificó también la estructuración de proyectos en predios no aptos para la construcción de vivienda; incertidumbre respecto a la titularidad de los lotes; la entrega de las viviendas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos conforme a los tipos definido y cantidades de obra ejecutada y pagada menor a la contratada.
La entidad consideró que hay pasividad del Banco Agrario, y de las entidades vinculadas al programa, en la interposición de acciones administrativas y judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las gerencias integrales y de los ejecutores de obra e interventoría.
Es de anotar que, los hallazgos con presunta connotación fiscal evidencian la no aplicación de los controles existentes a cargo de la supervisión de los contratos, entre el Banco Agrario y las gerencias integrales, y de la interventoría contratada para verificar la ejecución de las obras; así como omisión en el seguimiento del recurso público desembolsado en los diferentes proyectos.
Tras conocer el informe de la Contraloría el Banco Agrario precisó que en cuanto a los beneficiarios de proyectos de vivienda que han sido retirados de forma unilateral y por causas que no les son endilgables, como incumplimiento de los contratistas y de los interventores, o presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes, este hallazgo se refiere a la terminación unilateral del proyecto No. 00110032094, el 2 de agosto de 2018. Dicho proyecto debía ejecutar subsidios asignados antes del año 2010. “En esta administración no se han dado liquidaciones unilaterales de proyectos, ni se han retirado beneficiarios del Programa”.
Sobre el punto que menciona que la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario encontró situaciones como estructuración de proyectos de vivienda en predios no aptos para su construcción o entrega de las casas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, se explicó que el caso se refiere a una vivienda en San Andrés que fue construida en un predio diferente al viabilizado por el Banco Agrario en su momento, razón por la cual el banco inició las acciones respectivas contra el contratista responsable del proyecto. Con respecto a la entrega de las casas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, es importante aclarar que, de acuerdo con la Ley, el Banco Agrario no es el que construye las casas, sino que contrata a un actor denominado Gerencia Integral, que a su vez debe contratar el interventor de la obra y el ejecutor del proyecto. El Banco Agrario da por terminados los proyectos con sus respectivos pagos, con la recepción que consta en un documento firmado donde los beneficiarios confirman que han recibido la vivienda a satisfacción; dicho documento es aprobado por la interventoría de cada proyecto y enviado al banco por la Gerencia Integral, en su calidad de contratista del mismo.
“En todos los casos que se han identificado situaciones como las mencionadas por la Contraloría General de la República, se encuentran en curso los respectivos procesos judiciales o se han radicado las solicitudes de conciliación como requisito de procedibilidad”, se insistió desde el Banco Agrario.
En cuanto a que el banco permitió que las pólizas de cumplimiento se vencieran sin reclamar por los incumplimientos, se aclaró que las pólizas en mención corresponden en su totalidad a proyectos siniestrados antes de esta administración, es decir, antes del 7 de agosto de 2018. La oficina de Control Disciplinario del Banco Agrario, a solicitud de la actual administración, inició investigaciones con respecto a este tema y ya profirió pliego de cargos contra varios funcionarios de la Gerencia de Vivienda de la anterior administración, quienes en su momento no hicieron las reclamaciones pertinentes a las compañías de seguros. Adicionalmente, es importante destacar que esta administración inició la reclamación de todas las pólizas que se debieron haber reclamado en administraciones anteriores y tomó las medidas necesarias para que no se vuelvan a presentar situaciones de reclamaciones extemporáneas.
Sobre los casos de anticipos a los contratistas que no presentan amortizaciones conforme a los presuntos avances de obra, y en un amplio número de casos se encuentran vencidas las coberturas de las pólizas de seguros de estos contratos, el Banco Agrario anotó que estos se refieren a proyectos a cargo de Fiduagraria, entidad que en su momento les declaró el incumplimiento y presentó las reclamaciones de ley ante las compañías de seguros; dependiendo del desarrollo de estas reclamaciones, la Fiduciaria acudirá a las herramientas legales a las que tiene derecho.
