La iniciativa, que fue aprobada en primer debate, busca cerrarle el paso a las dinastías políticas en Colombia. La norma obligaría a renunciar a alcaldes y gobernadores si sus familiares resultan elegidos al Congreso.
Justo cuando se intensifica la contienda electoral con miras a 2026, este martes –en el primero de sus cuatro debates–, la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley que desde ya levanta ampolla: busca prohibir que familiares cercanos de alcaldes y gobernadores en ejercicio puedan postularse como candidatos al Congreso.
La iniciativa, que ahora pasará a plenaria del Senado y deberá superar otros dos debates en la Cámara de Representantes, le apuesta a evitar la concentración del poder político “en manos de una misma familia” y cerrarle el paso al uso del poder territorial para favorecer campañas al Congreso.
“Esta ley busca impedir el nepotismo electoral y la captura familiar del Estado. No se trata de limitar derechos políticos, sino de garantizar que el poder público no se herede ni se use en beneficio propio”, argumentó el coordinador ponente del proyecto, el senador Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal).
De hecho, durante la discusión de la iniciativa, desde Cambio Radical fue promovida una proposición que refuerza el cerrojo: tampoco podrán aspirar al Legislativo los familiares del presidente y vicepresidente de la República en ejercicio.
“(El objetivo es que) se protejan principios constitucionales, haya mayor transparencia y menor asimetría en la realización de las campañas políticas”, argumentó el senador Carlos Fernando Motoa.
El proyecto señala que si durante el mandato de un alcalde o gobernador su cónyuge, compañero o compañera permanente, o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad –como abuelos, nietos o hermanos–, se inscribe como candidato y resulta elegido, el mandatario territorial deberá renunciar a su cargo.
Lo anterior, por configurarse una incompatibilidad sobreviniente con la cual pueda beneficiar a su familiar, en detrimento de otras aspiraciones ciudadanas. Según sus autores, se busca proteger la independencia entre los niveles de poder, evitar conflictos de interés y reforzar los principios constitucionales de moralidad administrativa, transparencia y equilibrio institucional.
De ser aprobado en sus cuatro debates, el proyecto comenzaría a regir a partir de su promulgación. Es decir, que podría aplicar como restricción para los comicios legislativos del próximo 8 de marzo de 2026.
La iniciativa cuenta con el respaldo de alrededor de 60 senadores y congresistas de partidos como el Centro Democrático, la Alianza Verde, el Pacto Histórico, La U, entre otros, lo que evidencia –según sus promotores– “un consenso pluripartidista en favor de la transparencia política”.
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