La Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar el presunto uso de menores en las protestas de la comunidad emberá durante la toma del Ministerio del Interior en Bogotá. El organismo alertó sobre riesgos para la integridad de niños y adolescentes y solicitó sancionar a los responsables.
Durante varias horas de tensión en el centro de Bogotá, mientras 1.200 funcionarios permanecían retenidos dentro del Ministerio del Interior y se registraban enfrentamientos en los accesos al edificio, las autoridades advirtieron un elemento especialmente preocupante: la presencia de niños, niñas y adolescentes en medio de la protesta siendo usados como “escudo”.
Los responsables de aquel hecho fueron algunos miembros de la comunidad indígena Emberá, quienes protestaban afuera del edificio gubernamental pidiendo que las condiciones de vida en su región fueran más dignas.
A pesar de la legítima razón para protestar, la utilización de menores en vías de hecho constituye un delito.
En ese contexto, Gregorio Eljach, cabeza de la Procuraduría General de la Nación, radicó en la Fiscalía una denuncia en la que pidió avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
De acuerdo con el Ministerio Público, la “inaceptable instrumentalización de niños, niñas y adolescentes” fue totalmente evidente y registrada en medio de los bloqueos y disturbios.
Según el documento, gracias a esos actos, los menores habrían sido expuestos a riesgos para su integridad al ser utilizados como mecanismos de presión y protección en las acciones de hecho.
La Procuraduría advirtió que estas conductas podrían vulnerar el principio del interés superior del menor y contradecir las normas que obligan a garantizar su protección integral.
Además, recordó que el uso de menores en escenarios que impliquen alteraciones del orden público está contemplado como delito en la legislación penal colombiana.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, narró los hechos ante la opinión pública:
“se solicitó por parte del Ministerio del Interior la intervención de fuerza pública. No entraron al edificio, lo que se hizo fue generar un corredor para que se pudiera dar una evacuación segura de las personas que se encontraban retenidas. Esto se realizó con éxito”.
Tras la intervención se habría presentado el delito, cometido, presuntamente, por varios miembros de la comunidad Emberá:
“La intervención se hizo de manera cuidadosa porque la comunidad emberá llegó con niñas, con niños de brazos, con madres gestantes, cosas que no se deben hacer en una vía de hecho y que lamentablemente se hicieron y utilizaron estas niñas y niños como escudos de protección”, dijo Quintero.
La situación fue rechazada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su cuenta de X escribió: “Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”, expresó.
Astrid Cáceres, directora del ICBF, también se pronunció: “no hay ninguna excusa para lo que acá veo. Con el pueblo Emberá hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia. No hay nada que lo justifique”.
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La funcionaria agregó que desde la institución ofrecieron refugio para los menores: comida, atención y actividades para que, mientras tanto, los adultos pudieran ejercer su derecho a la protesta. Sin embargo, la ayuda fue rechazada por la comunidad.
”Ponemos denuncia y ojalá se logre individualizar los responsables, y ojalá pueda la policía poner en disposición de comisarías y defensorías los niños y niñas que han sido afectados. No debe haber diálogo si hay utilización de los niños y niñas, ya interpusimos recursos jurídicos contra los agresores”, finalizó.
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