Algunos de los cuestionamientos al decreto
Además, la Procuraduría cuestionó que el decreto pretenda suspender permisos y actos administrativos ya otorgados, lo que afectaría derechos adquiridos por empresas exportadoras.
Esto, según el ente, va en contra de los principios de buena fe, proporcionalidad y razonabilidad que rigen la función pública.
Otro de los puntos críticos señalados en el documento enviado por la Procuraduría es que el proyecto de decreto se adentra en competencias reservadas al Congreso de la República, como la intervención en la economía y la imposición de límites a la libertad de empresa.
El órgano de control advirtió que no se presentan fundamentos jurídicos suficientes que respalden esta ampliación de competencias por parte del Gobierno nacional.
Por esta razón, la Procuraduría recomendó al Ministerio de Comercio no expedir el decreto en los términos actuales.
Lo que establece el decreto
El decreto en cuestión responde a una decisión del Gobierno colombiano de suspender las exportaciones de carbón térmico a Israel como medida frente a la situación humanitaria en Gaza.
La decisión se fundamenta en las órdenes provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio. La normativa prohíbe las exportaciones del código arancelario 2701.12.00.10 (hulla térmica) hacia Israel, sin excepciones.
También ordena la suspensión de actos administrativos otorgados bajo los artículos segundo y tercero del Decreto 1047 de 2024, los cuales regulan autorizaciones de exportación.
El Gobierno argumenta que esta restricción es una acción necesaria para cumplir con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que se han agotado previamente las vías diplomáticas.
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