La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una indagación previa a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, con relación a posibles irregularidades en la financiación de campañas políticas de cara a las próximas elecciones de octubre.
Según la entidad, la senadora Zuleta habría admitido en una entrevista radial que había realizado donaciones económicas a candidatos que aspiran a cargos de elección popular en los próximos comicios a nivel nacional.
“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal, porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico. Pero eso lo saco de mi salario” indicó la congresista en una entrevista para Blu Radio.
“Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Creo que ese es mi deber, mi responsabilidad a través de donaciones que están permitidas por la ley, estamos ayudando en toda la poca experiencia que llevo en este poco tiempo de ejercicio, apoyando a esas candidaturas de campesinos”, dijo Zuleta a ese medio.
En la entrevista, la congresista habría afirmado que parte de su salario actual ha sido destinado a las campañas de ciertos candidatos. Ante la inquietud planteada sobre si esta conducta podría considerarse una posible participación indebida, Zuleta argumentó que las donaciones realizadas por ella no deben ser equiparadas con la financiación tradicional de campañas.
Según la congresista, las donaciones se enmarcarían en un contexto diferente y no estarían sujetas a las mismas prohibiciones legales.
“Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos políticos, movimientos políticos y campañas: Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios de las organizaciones políticas de las que pertenezcan con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen” se defendió la congresista, citando la Ley Estatutaria 1475 de 2011.
