Cada hora en Colombia se radican 108 acciones de tutelas. Al menos ese fue el promedio del año pasado. De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, fueron 952.251 acciones legales interpuestas por colombianos que buscaban proteger sus derechos fundamentales durante el 2024.
Ahora –el ya congestionado sistema judicial– tendrá que soportar los recursos judiciales de políticos que acuden a los tribunales para impulsar sus campañas de cara a las elecciones presidenciales.
El panorama de precandidatos es amplio: son al menos 75 ciudadanos que tienen intenciones de ocupar la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro. Varios de ellos ya se montaron en un caballito de batalla: las demandas. Es una estrategia calculada dentro de la dinámica electoral. La combinación de la política y los procesos judiciales le permite a los precandidatos ganar terreno en varios frentes.
Obtienen visibilidad mediática –incluso si el recurso legal no prospera– y eso se traduce en reconocimiento. Las acciones legales, explicó Raúl Zaffaroni, juez y académico argentino, son también usadas como un acto performático. Proyectan la imagen de “luchador contra la corrupción”, “defensor de la justicia” o “víctima de persecución”.
Las demandas también suelen dirigirse contra adversarios políticos o instituciones. Así, el trámite judicial se convierte en un arma de confrontación.
El caso Iván Cepeda
El senador Iván Cepeda decidió entrar en la lista de precandidatos del Pacto Histórico el pasado 22 de agosto. Desde que hizo oficial su aspiración, ha acudido en al menos tres ocasiones a los tribunales para radicar demandas. El senador se someterá a una consulta el próximo 26 de octubre, parte como uno de los favoritos en el ala de la izquierda, pero deberá enfrentarse a otras figuras mediáticas como Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
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“Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato al pacto histórico a la presidencia de la República. Este proceso no surge de la nada, tomó decisión en obediencia a voluntad colectiva”, había dicho Cepeda.
Apenas tres días de quedar en firme su aspiración, advirtió que demandará a quienes lo califiquen como “el candidato de las Farc”. “No voy a responder con insultos ni improperios, pero sí creo necesario defender mi honra cuando eso ocurre. Yo he anunciado que haré una denuncia penal contra quienes me calumnian y esa denuncia penal la estamos trabajando”, afirmó Cepeda.
El senador aseguró que la mayoría de ataques, que lo relacionan con sus vínculos con la extinta guerrilla, vienen del Centro Democrático. Cepeda fue negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso que terminó en la desmovilización de la guerrilla de las Farc. Este 28 de agosto, Cepeda volvió a anunciar una demanda.
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Esta vez, contra el expresidente Iván Duque porque se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. “Anuncio que radicaré ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal en contra del expresidente Iván Duque Márquez por presunta apología al genocidio (artículo 102 del Código Penal), por cuanto estaría justificando o pretendiendo amparar la práctica genocida contra el pueblo palestino, perpetrada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu”, apuntó el precandidato.
La medida, de entrada, fue rechazada por el Centro Democrático. “Nos preguntamos en voz alta: ¿Conveniencia, afinidad ideológica, representación y apoyo político, o la combinación de todas las formas de lucha?”, apuntó el partido, hoy en oposición. Marcos Peckel, director de las comunidades judías en Colombia, apuntó que el precandidato estaba “usando la ley con fines electorales”.
Nicolás Petro y Vicky Dávila
Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, denunció a la precandidata Vicky Dávila por revelar unos chats entre él y su expareja, Day Vásquez. Los chats fueron difundidos el pasado 3 de agosto y se tratan de unos diálogos de 2021. Los mismos chats reposan en la Fiscalía y hacen parte del material probatorio en el proceso que avanza contra el hijo del mandatario por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Según Petro, esas revelaciones le están haciendo daño a su familia y hace parte de una persecución política en su contra. “Siempre vamos a hacer lo que toca, siempre con decencia y firmeza. Los delincuentes van a pagar cárcel dura cuando lleguemos al Gobierno. Esta recocha de amiguísimo, influencias e impunidad llegará a su fin. Sin seguridad y sin justicia, no hay paz. No hay futuro, no hay país viable”, fue la respuesta de Dávila.
La demanda de muerte política a Pizarro
El Consejo de Estado admitió para su estudio una solicitud de pérdida de investidura que busca la muerte política de la precandidata presidencial y senadora María José Pizarro y de la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro.
Nidia Esperanza Márquez Monroy, la demandante, señaló que las congresistas habrían incurrido en una inhabilidad para ocupar dichos cargos públicos por sus lazos familiares. La demanda indica que habrían incurrido en la causal de inelegibilidad descrita en el numeral 6.° del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia consistente en: “Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”, dice la norma.
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