Tras 30 días de haberse iniciado el paro nacional que pretendía, inicialmente, mostrar el desacuerdo de la población sobre la propuesta de Reforma Tributaria –que finalmente fue retirada por el presidente Iván Duque–, pero que poco a poco fue mutando para exponer el rechazo a otros asuntos, e incluso derivó en actos vandálicos y bloqueos, los representantes del Gobierno y del Comité Nacional de Paro se alistan a refrendar un preacuerdo para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica. Es el preámbulo de la mesa formal de negociación.
Ese documento está en verificación de los delegados de ambas partes, quienes, a lo largo de los dos últimos días, lo han analizado a fondo.
Miguel Ceballos, quien ejerció como Alto Comisionado para la Paz y vocero del Gobierno en el diálogo hasta el pasado miércoles, advirtió que, aunque se avanzó, “todavía hay grandes desafíos”. Y añadió que la mesa de negociación del pliego de emergencia (ver paréntesis) solo se instalará cuando las dos partes estén de acuerdo en el documento previo de garantías.
Lo acordado
Pese al hermetismo en torno a revelar lo que se decidió, pues según explicó el saliente excomisionado hubo un compromiso mutuo de no revelar información hasta que no se aprobara por ambas partes, Laura Alzate, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), precisó que “llegamos a un acuerdo en materia de garantías para el ejercicio de la protesta. Y a un preacuerdo para un marco general que permita la instalación de la mesa de negociación”.
A eso se debe sumar que fuentes del Gobierno han dado a conocer detalles del documento que construyeron ambas partes. En efecto, en él se habla de la posibilidad de que no haya presencia del Ejército durante las manifestaciones, así como de limitar el uso de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública. También se plantea crear un mecanismo para atención de los heridos durante las jornadas y un protocolo frente a posibles casos de violencia sexual en medio de la protesta.
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación y quien ahora funge como vocero del Gobierno en el diálogo, dejó claro que, pese a la presión, sí se trabaja con rapidez para iniciar las mesas de negociación.
“No puede quedar ninguna duda de que estamos trabajando con absolutamente toda la celeridad que corresponde, pero es importante que entendamos que igual de importante a que quede rápido es que quede bien”, dijo el vocero. Y añadió: “Hay temas que necesitan validaciones legales, revisiones que corresponden, y lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad”.
Anoche, en Bogotá, otra reunión entre las partes, esta vez privada, terminó sin acuerdo. El Gobierno reiteró la exigencia de terminar los bloqueos y anunció que las partes se volverán a dar cita el domingo 30 de mayo.
Llamado de la Corte
Mientras avanza el proceso de cara a la instalación de las mesas de negociación, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a las partes para que “reconozcan la responsabilidad” que, según el alto tribunal, les corresponde en este momento social, con el fin de apaciguar la alteración y así evitar más pérdidas humanas.
“Con empatía, grandeza, inclusión y confianza se exhorta a los integrantes de la mesa de negociación y a quienes ostentan liderazgo político, comunitario, de opinión y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución, rechazando enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras”, dice un comunicado firmado por Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte.
En la declaración, el alto tribunal también rechazó la destrucción del Palacio de Justicia de Tuluá, Valle, ocurrida en la noche del martes, y que calificó de “ataque criminal”. Recordó que no ha sido la única sede judicial vandalizada, pues también han ocurrido episodios similares en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), La Plata (Huila) y Villavicencio.
A propósito, la Fiscalía reportó ayer la captura de nueve presuntos responsables de la quema del Palacio de Tuluá.
Bloqueos
Entre tanto, ad portas de una nueva jornada de paro programada este viernes para conmemorar un mes del inicio de las manifestaciones, se sigue haciendo un llamado por parte del Gobierno para levantar los bloqueos que afectan la circulación, el abastecimiento y desarrollo de actividades productivas en el país.
“Reitero la preocupación del Gobierno sobre los bloqueos y nuestra absoluta convicción de que estos deben terminar, las consecuencias no tienen que ver con la protesta, son más allá de lo que es razonable”, expresó Archila.
El Ministerio de Defensa informó esta semana que se tiene un reporte de 2.284 puntos bloqueados desde el inicio de las manifestaciones, de los cuales 30 permanecen vigentes por más de cuatro días en el Valle del Cauca (23) Huila (5), y Nariño y La Guajira con un bloqueo, respectivamente.
Al respecto, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y quien está al frente del Comité de Paro, ha dicho que en todos los puntos donde hay bloqueos se han habilitado “corredores humanitarios”, por los que se dejan pasar elementos de primera necesidad.
Según el análisis de las autoridades, los bloqueos viales son cada vez menos. Mientras que en la segunda semana de manifestaciones, es decir del 5 al 11 de mayo, se presentaron 801 cierres, en la tercera semana (del 12 al 18 de mayo) fueron 606 y en lo corrido de la cuarta semana (del 19 al 22 de mayo) se han registrado 296.
Los departamentos más afectados por los bloqueos siguen siendo el Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Huila.
Agenda internacional
Por otro lado, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, sigue con sus encuentros con organismos de derechos humanos y gubernamentales de Estados Unidos, a los que ha expuesto esta situación de orden público.
Hoy, la funcionaria se reunirá con el secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, luego de su encuentro con el colombiano Juan González, asesor de seguridad nacional del hemisferio occidental de Joe Biden, quien reiteró el apoyo al Gobierno: “Estados Unidos está para apoyar al pueblo de Colombia como lo hemos hecho por décadas”.
E hizo un llamado a la protección al derecho a la protesta: “La protesta pacífica es un derecho fundamental, pero la violencia y el vandalismo no. Individuos que usen la violencia en contra del Estado deben ser investigados porque es un crimen. Pero, de nuevo, personas que están protestando por una vida mejor tienen todo ese derecho y para eso es el diálogo nacional”
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bloqueos ha reportado el Ministerio de Defensa durante el paro. Hasta ayer, había 30 aún vigentes.
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