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La Procuraduría General de la Nación tiene en contra dos líneas fijas que buscan modificar sus principales funciones o eliminarla: una en la Corte Constitucional, que evaluará si esa entidad sí puede destituir a mandatarios electos por voto popular, y otra en el Congreso de la República, que podría aprobar un nuevo Código Electoral y llevar a la extinción a la entidad.
Con cualquiera de esos dos caminos, la directa afectada sería la procuradura general Margarita Cabello -o quien ocupe su cargo- y la entidad en sí, de quién dependen cientos de trabajadores a nivel nacional. Por eso, Cabello inició varios frentes de defensa que parecen no estar funcionando.
Este viernes, la Corte Constitucional le negó una audiencia pública que ella había solicitado para exponer sus argumentos. Según dijo el alto tribunal, su solicitud era improcedente porque un trámite de ese tipo debe ser pedido por un magistrado y no por una funcionaria pública, como es ella.
Con eso, Cabello perdió un punto clave con el que hubiera podido convencer a la Corte de la relevancia de ese ente de control para asuntos como la corrupción y la inoperancia de entidades públicas.
Aún así, se sabe que la procuradura y su equipo están haciendo lobby en la Cámara de Representantes y el Senado para que los congresistas eliminen el artículo que busca acabar con la Procuraduría.
Pese a que en anteriores debates ese punto se había caído, lo cierto es que es difícil que los legisladores lo tumben, pues el mismo presidente Gustavo Petro y su bancada del Pacto Histórico apoyan ese articulado.
Petro y la Procuraduría
Lo cierto es que la pelea entre el jefe de Estado y ese ente de control es de vieja data. En 2013 el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Así las cosas, Petro demandó la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el tribunal internacional tumbara el fallo y estableciera que una entidad administrativa como la Procuraduría no puede destituir a funcionarios electos por voto popular. Ese argumento de que no tendría poder, es la razón principal de Petro para acabarla.
Por ahora, Cabello intenta por todos los medios defender el rol de la entidad. Sin embargo, el fin o la modificación casi que total de la Procuraduría General parece inaplazable