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Por irregularidades en contratación imputan cargos y piden detención del gobernador Carlos Caicedo

El caso, denominado por la Fiscalía como el ‘Robo de Magdalena’, salpica al exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych y a la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga.

  • La Fiscalía investiga a Caicedo por su presunta responsabilidad en tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un aparente peculado por $1.670 millones.
    La Fiscalía investiga a Caicedo por su presunta responsabilidad en tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un aparente peculado por $1.670 millones.

La Fiscalía General de la Nación reveló este lunes que, por presuntas irregularidades en materia de contratación, imputará cargos y pedirá la detención domiciliaria del actual gobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo.

Según el ente acusador, que también investiga a otros dos exgobernadores de este caso conocido como el ‘Robo de Magdalena’, se indagan posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en el departamento entre 2013 y 2019. Al parecer, cinco contratos habrían sido orientados “de manera caprichosa”, los cuales ascienden a cerca de $457.000 millones.

Adicionalmente, se tiene registro de irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura, así como sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de $74.779 millones, “que corresponde a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros”.

Sumado a Caicedo, la investigación salpica al exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych y a la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga.

En el caso del actual gobernador Carlos Caicedo, la Fiscalía investiga tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado por $1.670 millones. Por estos hechos, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia presentaron ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.

“Para la Fiscalía, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”, explicó el ente investigador.

El primer caso corresponde a supuestas falsedades documentales e inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra en diciembre de 2014, que buscaba la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. “En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de $10.044 millones , pero recibió adiciones por encima de los $5.000 millones. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputará a Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Por otro lado, en abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. Si bien el valor definido en su momento fue de $6.954 millones, se habría presentado un peculado de más de $979 millones, representado en sobrecostos.

“El contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022”, alegó la Fiscalía, que imputará por estos hechos a Caicedo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

Por último, el ente investigador llamó la atención por presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato en octubre de 2015, por valor de $2.682 millones, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de $690 millones, materializado en sobrecostos.

“Trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización. Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros”, precisó el organismo.

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