Tener casa propia es uno de los grandes anhelos y ambiciones de cualquier familia colombiana. Un techo no solo se traduce en estabilidad y desarrollo, sino que la construcción de vivienda se ha consolidado en los últimos años como un gran jalonador de la economía. Sin embargo, según alertaron desde el Congreso, pasado el primer año del gobierno de Gustavo Petro el panorama para el sector es alarmante y afecta los intereses del 40,2 % de los hogares que aún viven en arriendo.
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EL COLOMBIANO conoció las estadísticas que evidencian la cruda situación y que serán expuestas este martes durante un debate de control político a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Según el reporte, mientras entre enero y agosto de 2022 se vendieron 121.036 viviendas –entre no VIS y VIS, es decir, de interés social–, este año durante el mismo periodo se vendieron 46.897, lo que representa una caída del 61 %. (Ver infografía al final)
“El 70% de las viviendas vendidas son de interés social (VIS) y resulta que desde que Petro está en el poder, las ventas se redujeron en 72 %. En agosto de 2022 se vendían cerca de 11.000 al mes, pero en junio se vendieron cerca de 3.000”, explicó el senador David Luna (Cambio Radical), citante del debate.
Sin embargo, hay un renglón que genera mayor preocupación: los desistimientos o renuncias, es decir, el número de personas que, si bien se le midió a comprar y pagar su casa propia, tuvo que abandonar el proyecto, lo que no solo representa un sueño frustrado, sino multas de hasta $30 millones.
Las cifras indican que en los primeros siete meses del año hubo 26.719 renuncias, casi el doble de todas las del año pasado: 13.673. Del total de desistimientos en 2023, 18.928 correspondieron a viviendas de interés social. Dicho de otro modo: de cada 10 viviendas a las que debieron renunciar los colombianos, 7 eran VIS: las destinadas a los más desfavorecidos.
De acuerdo con Luna, los cambios al programa Mi Casa Ya en abril han contribuido a la crisis. En ese entonces, la ministra defendió que, en búsqueda de equidad, hubo ajustes en el requisito de clasificación del Sisbén IV.
“El Gobierno no solo ha fallado en abordar el colapso, sino que ha complicado aún más la situación al introducir cambios en Mi Casa Ya, que han llevado a procedimientos más burocráticos y desorganizados. Los retrasos en los desembolsos de subsidios generan cuotas insostenibles. Estas familias, comprometidas con créditos, ahora enfrentan el riesgo de perder sus inversiones debido a retrasos en la entrega de subsidios”, reclamó.
Este diario buscó explicaciones por parte del Ministerio ante la crisis; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, previamente la ministra Velasco destacó que Mi Casa Ya cuenta con una adición de $1,25 billones , lo cual permite asignar 50.000 subsidios familiares de vivienda nuevos en 2023. “Desde que inició el nuevo esquema, se han beneficiado a 29.652 hogares, con una inversión de $896.946 millones. Se han solicitado 25.124 coberturas, de las cuales 9.750 son para vivienda VIP y 15.374 para vivienda VIS”, defendió.
El exministro de la cartera, Luis Felipe Henao, instó al Gobierno a retirar los cambios efectuados al sistema y pidió que se inyecten más recursos al sector para atender asuntos como los desistimientos: “Por cada peso que se invierte en el sector de la vivienda se pueden generar hasta 10 pesos adicionales de la cadena. El Gobierno, en lugar de gastarse $1.2 billones en subsidios para que personas no maten, debería invertirlos en vivienda, una herramienta para superar la pobreza. Además, ya se han empezado a destruir empleos: más de 80.000”.
Los argumentos de lado y lado serán escuchados hoy en la plenaria del Senado a partir de las 3:00 de la tarde. La ministra Velasco no solo se enfrenta a la contundencia de las cifras, sino a una pesimista percepción: según Invamer, el 29 % de los encuestados siente que la construcción de vivienda popular está mejorando, el índice más bajo en 15 años. En contraste, 47 % considera que la situación está empeorando.
