La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto (2016) fue inhabilitada y destituida por los próximos diez años, tras una decisión de la Procuraduría. La exfuncionaria habría incurrido en irregularidades en un contrato por 20.000 millones de pesos para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.
El Ministerio Público determinó que Pinto suscribió un contrato con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS) en un proceso en el que, a su vez, ella participó, faltando a los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal.
Según determinó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”.
Con la restricción que se fijó para esta licitación solo un proponente pudo presentarse y, en consecuencia, la Entidad no tuvo la oportunidad de comparar ofertas para seleccionar entre más opciones.
De hecho, en ese entonces, la Procuraduría advirtió de las posibles irregularidades en dicho contrato pero la Gobernación siguió adelante a pesar de ello.
Bajo este fallo también quedan arropados la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad por nueve años.
Ahora pueden apelar la decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Pinto se había fugado de la justicia en junio de 2019 y después de un año, en julio de 2020, se entregó voluntariamente a las autoridades a través de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, en marzo de 2021 la dejaron en libertad por vencimiento de términos.
Los delitos por los que la estaban procesando en el momento de su fuga –y por medio de los cuales se habría apropiado de 5.900 millones de pesos públicos– versaban sobre un contrato de adoquines de 2011, cuando era alcaldesa del municipio de Albania. Estos eran falsedad en documento privado, falsedad en documento público, celebración de contratos sin requisitos legales, concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos.
