Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el senador Iván Cepeda y el exconstituyente Ávaro Leyva radicaron una nueva acción de tutela contra el presidente Iván Duque, por no depositar ante las Naciones Unidas y los países garantes los acuerdos a los que llegaron las partes en desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según Leyva y Cepeda, la tutela obedece a que dichas decisiones del presidente Duque ponen en riesgo el derecho a la paz, como garantía efectiva a sus derechos civiles y políticos.
“En nuestra calidad de defensores de la paz y los derechos humanos, y como facilitadores que fuimos del proceso de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, somos titulares del derecho subjetivo a la paz, por lo que nos asiste un interés directo y particular para solicitar su amparo” dicen en el documento.
En este sentido, el pasado mes de mayo, el senador y el exministro le ganaron la primera batalla jurídica al mandatario. Después de casi cuatro meses de insistir al gobierno nacional sobre el tema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón al ordenar a la Presidencia responder al derecho de petición cuyo propósito era rescatar los avances de dicha mesa de diálogo.
En esencia, la petición pretendía proteger no solo la agenda de seis puntos que delimita los temas de discusión, sino también dos preacuerdos para desescalar el conflicto, que las partes alcanzaron en junio de 2017.
El primero de ellos es el “Acuerdo humanitario Ya para el Chocó” en el que se venía trabajando junto con las comunidades más afectadas del departamento. El otro es un plan de desminado humanitario que tanto el Gobierno como el ELN, habían decidido implementar en Nariño.
Para Leyva y Cepeda el tema es crucial porque “es imperativo que se respete- lo acordado- por el Estado colombiano, para que ante posibles conversaciones que pudieran darse en un próximo futuro , al reanudarse estas, sea teniendo en cuenta lo ya pactado”.
Sin embargo, el presidente Duque, por intermedio de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, respondió al fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando, entre otras razones, que a su juicio no eran procedentes las solicitudes de Leyva y Cepeda por cuanto:
“Las decisiones que corresponda adoptar, incluidas las solicitudes formuladas por ustedes, son del resorte del presidente de la República quien las tomará de forma libre y autónoma, según los criterios políticos que correspondan, actuando dentro del marco de la Constitución Política y la ley. Tales diálogos, a su vez, son actos de naturaleza política que adelanta el presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y los mismos no tienen la virtualidad de generar acuerdos con fuerza normativa ni vinculante alguna”
Así, el Gobierno negó abiertamente la solicitud de los exfacilitadores, aduciendo que se trata de acuerdos parciales que obedecen a una política de gobierno y no de Estado y, por lo tanto, no procedía su ejecución.
Ante estas circunstancias, Leyva y Cepeda, dijeron que insistirán nuevamente para que el Presidente Duque garantice el derecho a la paz contenido en el artículo 22 de la Constitución, y conduzca sus acciones al restablecimiento de la confianza del conjunto de la sociedad.
“Confianza que podrá alcanzarse, entre otras medidas, respetando los acuerdos pactados por el Estado en la mesa de negociaciones con el Eln, en los que la misma sociedad ha participado, con el propósito de alcanzar la paz y superar el conflicto armado en Colombia”, argumentaron.
Advierten, igualmente, que los acuerdos logrados tienen implicaciones internacionales, por cuanto sus
efectos “traspasaron las fronteras de los Estados y tienen efectos no solo para Colombia, sino también para la región y, en general, para el mundo”.
En febrero de este año, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el Eln, Leyva y Cepeda, le solicitaron a las partes depositar los documentos de los avances y acuerdos alcanzados como un paso fundamental hacia la paz completa.
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