La millonaria cifra que se busca recuperar del polémico contrato de MinTic

En el Senado no descartan presentar otra moción de censura contra la ministra Abudinen. FOTO COLPRENSA

Además de la apertura de una investigación disciplinaria contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para determinar su responsabilidad en el caso de la Unión Temporal Centros Poblados, la Procuraduría anunció este miércoles que interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que ordena al consorcio y a sus integrantes, devolver el anticipo del contrato por $70.000 millones.

“Ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

En la acción popular, el órgano de control solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.

La Procuraduría también solicitó ordenar a los integrantes de Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.

Moción de censura se vota el lunes; pero enfrenta otro debate

Entre tanto, la suerte política de la ministra Abudinen en el Congreso sigue confusa, mientras que la Cámara realizará la votación de la moción de censura el lunes 13 de septiembre, en el Senado no descartan presentar otra moción de censura en su contra.

El trámite de la reforma tributaria, la cual fue aprobada el martes, impidió que esta misma semana la Cámara realizara la votación de la moción, esto debido a que se tendrá que citar nuevamente la plenaria para el jueves para conciliar el texto con el Senado de la República. Además ha sido tradicional que la sesión en donde se haga la votación de este juicio político se haga únicamente con ese propósito, lo que obliga a que se espere hasta la otra semana.

Se espera que éste miércoles la presidente de la Cámara, Jennifer Arias, anuncie formalmente la fecha de la votación de la censura.

Pero mientras eso sucede, en el Senado de la República, el senador verde Antonio Sanguino, ya empezó a recoger las firmas de apoyo, de senadores de la oposición, para tramitar en la corporación una nueva moción de censura a Abudinen. De concretarse la misma, su votación no está clara, porque los sectores contrarios al gobierno son mayores que en la Cámara y podría incluso llegar a conseguir los votos para sacar a la ministra.

Incluso, en los llamados corrillos del Congreso se dice con insistencia que la salida de la ministra de TIC es inminente, en particular porque políticamente está muy debilitada, esto sumado a la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría por el caso del controvertido contrato de la Unión Temporal Centros Poblados.

El martes, además, se conoció la renuncia de dos funcionarias muy cercanas a Abudinen y que estuvieron vinculadas con el contrato en mención. Se trata de Adriana Meza y Sandra Orjuela, secretaria general del Ministerio y subdirectora de Gestión Contractual, respectivamente.

Mientras esto ocurría, la ministra Abudinen anunció que su cartera inició la liquidación del contrato con Centros Poblados, el cual fue caducado desde el pasado 13 de agosto.

Este proceso permitirá que la Empresa de Telefonía de Bogota, ETB, que terminó segunda en la licitación, asuma el contrato con el que se busca proveer de Internet a 7.277 centros digitales en zonas apartadas de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá.

Publican informe de reuniones alrededor del proyecto

No obstante, el Instituto Anticorrupción anunció que le pidió al Ministerio de las TIC, realizar una nueva licitación, revocando la resolución de adjudicación con Centros Poblados, para garantizar la transparencia y la elección de un nuevo contratista.

“La sospecha de corrupción por parte de los administradores y de los particulares que participan en los procesos de selección contractual del Estado constituyen un mancha sobre todo el proceso, que contamina hasta su raíz misma, como son los actos administrativos motivo de solicitud de revocatoria”, expresó Camilo Enciso, director del Instituto, en su solicitud al Ministerio.

Así mismo, la ONG reveló un documento en el que aparecen los registros de ingresos y reuniones alrededor del proceso de diseño, adjudicación y supervisión del contrato que establecía las condiciones para ejecutar el proyecto Centros Digitales que fue adjudicado a Centros Poblados.

La entidad, que obtuvo la información en el marco del proyecto CabilVeo, recopiló los registros de ingresos a la sede principal de Mintic desde el 22 de enero de 2020 hasta el 14 de mayo de 2021, en los que se identificaron 396 reuniones asociadas al proyecto de los Centros Digitales.

De esas reuniones, 252 se realizaron con anterioridad al 30 de diciembre de 2020, fecha de firma del contrato con Centros Poblados y las 144 reuniones restantes se realizaron con posterioridad a dicha firma.

Además, el informe señala que el funcionario con mayor cantidad de reuniones asociadas fue Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien ejerciera como supervisor del contrato, con 164 reuniones.

Así mismo, la ministra Abudinen sostuvo 25 reuniones relacionadas con el desarrollo del proyecto. De ellas, 14 fueron previo a la firma del contrato, y 11 fueron después de las firma.