“Es complejo gobernar un municipio de sexta categoría con pocos recursos. Solo el año pasado tuvimos nueve paros armados, nueve confinamientos y desplazamientos forzados de la gente”.
Si bien en el papel es la primera autoridad del municipio, para el alcalde de Istmina (Chocó), Jaison Mosquera Sánchez, no deja de ser una contradicción que haya otras fuerzas externas e ilegales que –a punta de violencia, terror y sangre–, ejerzan dominio y mando en su jurisdicción.
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En esa población, ubicada a dos horas de Quibdó y enclavada en la subregión del San Juan, hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ambas libran desde hace años una lucha a sangre y fuego, entre otras, por la riqueza minera de la que se desprende el nombre del municipio, nacido de una contradicción entre las expresiones “istmo” y “mina”.
“Tengo preocupaciones todos los días, porque cuando me movilizo para atender las comunidades sigue la zozobra de poder ser sorprendido por uno de los grupos armados”, confiesa Mosquera con la tensión latente de quien debe ser el asomo del Estado en una región afligida por el narcotráfico, la minería ilegal y el destierro.
No es una percepción. Hasta noviembre del año pasado, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 7.427 personas resultaron afectadas por confinamientos y restricciones a su movilidad en Istmina, a lo que se suman otras 368 víctimas de desplazamiento.
Violencia en carne propia
El alcalde aún recuerda con resignación y congoja lo ocurrido en los albores de su mandato, cuando sufrió en carne propia los embates de su gente y fue secuestrado por el ELN. No importó que fuera el alcalde. Allí hasta una autoridad de ese calibre termina presa del pavor y la impotencia que imponen los fusiles.
“Iba en una lancha sobre el río San Juan y nos retuvieron. Estábamos dando ayudas humanitarias a la comunidad y nos pararon, nos requisaron, nos pidieron los teléfonos y nos pidieron las cédulas. Imagínese, si a uno de mandatario le toca vivir eso –una situación tan inapropiada–, ¿cómo lo vive la gente?”, reconoce Mosquera.
Para el mandatario, la situación no deja de ser minúscula e incluso ínfima si se compara con las embestidas frecuentes de las que ha sido víctima su gente, en su mayoría afros e indígenas que no se acostumbran al sonido atronador de las balas. “Este pueblo es resiliente: duró 9 meses desplazado, viviendo en otra comunidad, durmiendo en una escuela, pero un día ellos se levantaron en una sola voz con el ánimo de retornar retornar a sus viviendas”, agrega.
Recién en julio pasado, Istmina y las demás poblaciones del Chocó vivieron otro paro armado –el tercero en lo que va del año– a manos del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN. La movilidad quedó paralizada y las consecuencias, una vez más, se hicieron visibles: escasez de alimentos, carencia de medicamentos y la congoja que trae el asedio de los armados.
¿Cómo actuar ante una situación así? “Es muy difícil y casi que imposible, porque la Fuerza Pública no hace presencia constante en los territorios y cuando los grupos armados al margen de la ley dan una orden de paro o que desalojen la comunidad, pues la gente termina haciéndole más caso a ellos que a nosotros como autoridad. La Fuerza Pública está ocho días y después se va. En cambio, los grupos armados están asentados en el territorio. Son los que ejercen con mayor dureza la autoridad de nuestros territorios”.
“El apoyo ha sido nulo”
Para el alcalde Jaison Mosquera –hijo de Istmina y que también tuvo que ver cómo en su infancia su papá fue víctima de secuestro–, lo más frustrante y lúgubre de toda esta situación es que, por atender a comunidades desplazadas y brindar la siempre limitada pero perenne ayuda humanitaria, le toca destinar recursos que deberían estar focalizados en la salud o la educación.
“Nos toca asumir esto con responsabilidad. Estar ahí presentes y atender a la gente desplazada de las diferentes zonas rurales que llegan a la cabecera municipal. Toca gastar los recursos que eran para la escuela o los centros de salud en la atención humanitaria. Nos toca desescolarizar a los estudiantes para atender a los desplazados, darles alimento o una frazada. Esa es la magnitud del problema”, admite Mosquera con un dejo de mansedumbre.
Las miradas –cómo no– se dirigen entonces a los gobiernos nacional y departamental, encargados de reforzar ese fragmento de Estado al que no renuncia el alcalde. “El apoyo del Gobierno Nacional ha sido nulo. No hay respaldo. Llevo más de un año pidiendo protección por parte de la Unidad Nacional de Protección para que se me dé un carro blindado para desplazarme con mayor tranquilidad y no ha sido posible ser escuchado”.
Transversal a la crisis hay un asunto que toca tanto al alcalde como al Gobierno que ejerce desde Bogotá: la política de paz total del presidente Gustavo Petro, en particular con el ELN. Mosquera –al igual que su pueblo–, no deja de ver esa salida como una ventana para lograr la anunciada pacificación de su territorio, pero pide aterrizarlos a la realidad.
“Que sean diálogos concertados con el territorio, que se construyan desde acá desde las regiones que somos las que hemos sufrido el conflicto. No queremos unos diálogos que se hagan a puerta cerrada en la capital del país donde no conocen cómo está viviendo la gente”.
Por ahora, Mosquera se declara confiado en que “algún día” llegará un Gobierno “que verdaderamente piense en las regiones”, al tiempo que no oculta su preocupación por los recursos de la región en 2026 a la luz del proyecto de Presupuesto General que se discute en el Congreso. “Los recursos para el Pacífico están disminuyendo 10 %, cuando deberían aumentar. Nos siguen quitando recursos para escuelas. No tenemos agua dulce, ni alcantarillado”.
Hechos graves de criminalidad
El paro armado más reciente: El pasado 25 de julio el ELN anunció su tercer paro armado en la región, prohibiendo la movilidad terrestre y fluvial, y afectando a comunidades a lo largo del departamento que sufrieron desabastecimiento de alimentos. Mosquera insistió en los en diálogos de paz.
“Hay silencio militar”: En febrero se registró uno de los paros con mayores consecuencias humanitarias para el Chocó. Se estima que más de 1.000 personas fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento. El alcalde reclamó en ese entonces que hubo “un silencio de la fuerza militar”.
Paro y ola invernal: En noviembre de 2024, coincidiendo con una fuerte ola invernal, en Chocó hubo un nuevo paro armado que confinó a 45.000 personas. Istmina no estuvo exenta de la crisis y, además del desplazamiento forzado, se reclamó por la proliferación de minas antipersonales.
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