Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación archivó a finales de julio pasado la indagación que adelantaba contra del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presunta financiación ilegal de la campaña del Pacto Histórico al Congreso en 2022, de la que fue su gerente.
El funcionario era investigado por presuntamente haber facilitado el traslado de candidatos de esa coalición política en aviones de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), de la que es el socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias “Caco”, un presunto narcotraficante.
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En ese contexto, el ente acusador investigaba si los candidatos recibían apoyo de esa empresa, lo cual podría considerarse como una financiación ilegal . Esto se originó luego de una denuncia del congresista Hernán Cadavid ( Centro Democrático ) sobre la financiación de los vuelos que hicieron los candidatos en la campaña de ese entonces.
Sin embargo, luego de analizar documentos, escuchar testimonios y cruzar datos provenientes de registros oficiales, la Fiscalía demostró que no logró establecer un vínculo directo que comprometiera penalmente a Jaramillo en esos hechos.
En ese sentido, la decisión del ente investigador señaló que “la Sociedad Aérea de Ibagué SAS indicó que se celebró un contrato de fletamento de aeronave con la Coalición Pacto Histórico, en el que se concedió un crédito por los servicios prestados, sujeto al reembolso de gastos de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. Negocio jurídico entre Hernando Robles Alvira, representante legal de SADI, y Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de campaña”.
“Esta información se presentó oportunamente a las autoridades electorales competentes, descartándose cualquier reproche jurídico alguno”, agregó la entidad en su determinación.
Por otro lado, se concluyó que Restrepo Osorio mantuvo una relación laboral con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SAS en rol de gerente comercial hasta julio de 2021, así como un vínculo familiar con los accionistas (padres y esposa). No obstante, la sociedad aérea fue enfática en señalar que Restrepo Osorio nunca fue designado ni autorizado para pilotear las aeronaves destinadas al cumplimiento del contrato de fletamento suscrito en 2022 para esa campaña política.
“Adicionalmente, se ha verificado la relación detallada de las aeronaves que prestaron servicio en el contrato de enfrentamiento en cuestión y es importante resaltar que el avión en el cual se transportó la sustancia ilícita por la cual fue vinculada Restrepo a Estados Unidos no figura en ese listado, al punto que los hechos por los cuales fue investigado en Estados Unidos sucedieron en mayo de 2021. Antes de la relación comercial cuestionada”, dice el documento conocido por Colprensa.
¿Qué pasará con el ministro Jaramillo?
Este archivo de la indagación, sin embargo, es diferente a los hechos por los que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía por hechos que también estuvieron relacionados con los vuelos hechos en la campaña de 2022 con los aviones de SADI.
Según reveló la revista Cambio, la Corte encontró una compleja red de maniobras contables en la campaña previa a la consulta de la izquierda de Petro y en la lista del Pacto Histórico al Senado (marzo de 2022), que habrían servido para ocultar gastos reales, evadir los topes legales y maquillar balances. A partir de estos hallazgos, el alto tribunal compulsará copias contra el ministro Jaramillo y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
La trama de estos movimientos está en que —en medio de la relación laboral con SADI— la campaña al Senado, con Jaramillo como gerente, y la precampaña de Petro, con Roa como responsable, contrataron vuelos para movilizar a sus equipos durante la consulta del Pacto Histórico. Pero la Corte estableció que casi todos los servicios contratados con cargo a la campaña legislativa fueron usados exclusivamente por Petro, su familia y las personas más cercanas a él.
Las pruebas recopiladas incluyen bitácoras de vuelo, testimonios de la coordinadora de SADI, chats entre asesores y facturas alteradas. En todos los documentos se advierte que los desplazamientos aéreos beneficiaban al candidato presidencial, mientras que los aspirantes al Senado figuran de manera marginal. De hecho, de 27 vuelos, solo en dos aparecen candidatos al Congreso y ninguno voló sin la presencia de Petro.
Para ocultar estos gastos por más de $1.215 millones, según la Corte, se realizaron maniobras contables como cambiar las planillas de vuelo, dividir los costos entre los 20 senadores elegidos y reportar la suma como “tiquetes aéreos”. Esto permitió maquillar los balances, justificar reposiciones de gastos y evitar que apareciera un exceso frente a los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Vale recordar que el alto tribuanl archivó la investigación contra los congresistas del Pacto alegando que su responsabilidad fue más de negligencia que de dolo: muchos firmaron reportes sin leerlos, aunque sí cobraron la reposición de votos (plata que se le entrega como financiación estatal a los candidatos que obtendrán una votación igual o superior al 4% del total de los votos válidos de una elección).
Ante esto, la Sala de Instrucción compulsará copias a la Fiscalía contra Jaramillo y Roa, a quienes consideran responsables directores de esta maniobra.
En ese sentido, los delitos que se desprenden de estas actuaciones van desde fraude procesal hasta falsedad en documento privado y un posible desfalco al CNE, pues el Estado habría girado reposiciones de gastos con base en información falsa. Para la Corte, no se trata de un simple error administrativo, sino de una estrategia deliberada para salvarle el pellejo a la campaña de Petro.
Lo más grave es que, si se suman esos $1.215 millones a los casi $9.000 millones reportados por Petro en la previa a la consulta de la izquierda en marzo de 2022, la campaña habría violado los topes de la consulta interpartidista. La cifra máxima permitida era de $14.268 millones, pero la sumatoria de gastos registrados coincidió sospechosamente con ese número exacto, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber manipulación contable.
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