La Fiscalía cuenta con pruebas y “serios indicios” de que los seguimientos ilegales e interceptaciones de llamadas y correos de periodistas son reales, y que dichas acciones provienen de la Policía Nacional.
Así lo dio a conocer el fiscal general Eduardo Montealegre, quien afirmó que su entidad investiga si es cierta la versión sobre la presunta existencia de una fachada dentro de la Institución policial, por medio de la cual se estarían ordenando esos seguimientos.
Las declaraciones se dan en razón del escándalo de las nuevas “chuzadas”, en el que los perjudicados son los comunicadores Vicky Dávila, Daniel Coronell, Gustavo Álvarez Gardeazábal y otros que en el último mes han denunciado irregularidades en la Policía.
Se trata de publicaciones sobre la denominada “comunidad del anillo”, una supuesta red de abusos sexuales a policías, presionados con amenazas y chantajes; y reportajes sobre presuntos enriquecimientos ilícitos de oficiales.
“Estamos estableciendo es quién lo está haciendo al interior de la Policía, pero sí consideramos que hay una estrecha relación entre las denuncias de periodistas con los seguimientos”, dijo Montealegre.
La Fiscalía maneja dos hipótesis: que los responsables son personas vinculadas en los hechos denunciados por los reporteros; y que también podría haber gente pescando en río revuelto, interesada en afectar el nombre del general Rodolfo Palomino, director de la Policía.
“Vamos a revisar minuciosamente las actividades de la Dirección de Inteligencia Policial, porque estas acciones solo las pueden realizar personas altamente calificadas”, remató el fiscal, y agregó que en los próximos días serán llamados a declarar en calidad de testigos los periodistas afectados y altos mandos de la Policía, incluyendo a Palomino.
