La Procuraduría General de la Nación anunció que la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General ya tienen en su poder el informe de ese órgano de control en el que se advierte sobre la identificación de 694 candidatos inhabilitados para participar a cargos de alcaldes, concejales, diputados y ediles en los 32 departamentos, en las próximas elecciones del 27 de octubre.
“Hemos remitido esta información a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para las investigaciones administrativas que deben llevar a las sanciones y que contemplen las consecuencias jurídicas, y en el caso de la Fiscalía, las investigaciones penales que por su puesto deben darse, porque hay que recordar que inscribirse de manera irregular puede llevar al delito de elección ilícita de candidatos en el grado de tentativa”, aseguró el procurador general Fernando Carrillo, quien agregó que ese delito tiene una pena de prisión de 4 a 9 años.
Sobre el tema penal, el fiscal general (e) Fabio Espitia, explicó que el ente investigador está evaluando cada uno de los casos y sus causales de inhabilidad “a fin de determinar cuáles se encuentran dentro del tipo penal de elección ilícita con el propósito de imputar la conducta”.
Agregó el fiscal que “se hará un seguimiento a los aportes propios en las campañas, adelantados por candidatos constituidos como fuentes de financiación prohibida, en específico de aquellos que tienen conocimiento de procesos de extinción de dominio en su contra, así como de las personas imputadas y acusadas por delitos relacionados con la financiación, promoción o pertenencia de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública y de lesa humanidad”.
El procurador advirtió que algunos partidos políticos conocían que sus candidatos estaban inhabilitados y aún así los inscribieron a pesar de las alertas. “No vamos a permitir que se ponga en entredicho la voluntad del elector por conductas, en su mayoría, de trascendencia penal”, sentenció .
