La petrolera anglofrancesa Perenco negó “firmemente” cualquier “relación con grupos ilegales” en Colombia, luego que la Fiscalía embargara dos de sus oficinas por supuesta financiación de paramilitares.
Miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señalaron a la multinacional desde 2010 por haber financiado a su organización en medio del conflicto armado.
“Negamos cualquier relación histórica con grupos ilegales”, dijo la compañía en un comunicado en el que rechazó una eventual penalización económica sin “un proceso judicial”.
Reafirmamos nuestro “compromiso con el respeto a los derechos humanos”, añadió.
El martes, la Fiscalía colombiana embargó dos oficinas de la petrolera en el barrio financiero de Bogotá y los bienes de su interior, valorados en $41.318’400.000 pesos.
Estos irán a un fondo destinado a la reparación de las víctimas de los paramilitares, creado tras la desmovilización de unos 30.000 combatientes en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Perenco se instaló en Colombia en 1993 y aún mantiene su actividad extractivista en el departamento del Casanare.
Tras su desmovilización, los exparamilitares atestiguaron que entre 1997 y 2005 recibieron “dinero, combustible, alimentación y transporte” de la compañía a cambio de un “servicio de seguridad”.
La empresa utilizó la alianza para “incrementar su patrimonio”, según la Fiscalía.
En septiembre de 2024 fue expedida una resolución de acusación por parte del organismo judicial en contra del exgerente de Distrito de Perenco, Antenor Sarmiento Delgado; y del exsupervisor de Tierras, Ramiro Pinzón Suárez.
La acusación es por el cargo de concierto para delinquir agravado, porque presuntamente “habrían intervenido en reuniones y acuerdos, o servido de intermediarios con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare”, informó en ese entonces la Fiscalía.
Los hechos habrían ocurrido entre 1996 y 2005, de acuerdo con el expediente.
Entre los desmovilizados que han rendido declaraciones contra Perenco están Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), Manuel de Jesús Pirabán (“Jorge Pirata”) y Orosman Osten Blanco (“Rodrigo Flechas”), excomandantes de las AUC en los Llanos Orientales.
Son varias las multinacionales acusadas de vínculos con paramilitares en Colombia. En 2024, la justicia estadounidense falló contra la bananera Chiquita Brands por financiar a las AUC y, desde 2023, la directiva de la minera Drummond enfrenta un juicio en Colombia por vínculos con el mismo grupo.
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