En una decisión que toma en cuenta las 11 denuncias que cursaban en contra del alcalde de Bogotá Gustavo Petro por el cambio de modelo en la prestación del servicio de aseo, la Fiscalía General archivó el proceso al considerar que no hubo ningún delito en las medidas del mandatario.
A Petro se le investigaba por la presunta comisión de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción y, según la Fiscalía, “no existen elementos” para determinar que el alcalde haya cometido delito alguno.
La determinación también cobija a Diego Fernando Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), y a Henry Romero Trujillo, exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), según dijo el vicefiscal Jorge Perdomo.
En cambio, la Fiscalía sí halló mérito para imputar cargos a Nelly Mogollón, exdirectora de la Uaesp, por haber declarado la urgencia manifiesta, sin que existieran las condiciones de imprevisibilidad que la ley exige para ello; y contra Carlos Rojas Rivera, subdirector de Asuntos Legales de la Uaesp, por las limitaciones impuestas a operarios particulares para acceder al relleno sanitario Doña Juana. “Esto explicaría el colapso que se dio en la prestación del servicio de aseo, en diciembre de 2012”, afirmó el vicefiscal.
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