El presidente Gustavo Petro, se refirió este miércoles al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, al considerar que podrían interferir en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el mandatario afirmó que no es su función determinar si los exfuncionarios son o no corruptos y sostuvo que esa valoración corresponde exclusivamente a la justicia.
Petro explicó que, aunque conoce a Bonilla desde el ámbito académico, no le compete hacer señalamientos penales. “Quiero decir que, sean o no corruptos, esa no es mi labor”.
Añadió que Bonilla es “un profesor de universidad”, con doctorado en economía y una marcada dedicación a la teoría económica, pero afirmó también que es “ingenuo”, una condición sobre la cual aseguró haberle advertido en varias ocasiones frente a posibles riesgos de extorsión.
“No me meto en eso”
En su declaración, el presidente insistió en que los hechos deben analizarse desde la investigación judicial y no desde valoraciones políticas. “La extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista”, afirmó, para luego precisar que no entraría a profundizar en ese punto porque hace parte del trabajo de fiscales y jueces.
“No me meto en eso porque es el tema de la investigación”, sostuvo, al marcar distancia entre su rol como jefe de Estado y el desarrollo del proceso penal.
Petro también hizo referencia a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a quien señaló como una figura central dentro del caso. Según el mandatario, López habría utilizado estructuras que ya existían dentro de la entidad para apropiarse de recursos públicos.
“Los que se roban la plata en la UNGRD ya estaban ahí”, afirmó, al señalar que esos mecanismos, según su versión, habrían operado desde antes por montos de cientos de miles de millones de pesos o incluso billones.
El presidente contextualizó además su relación previa con López, a quien dijo haber conocido en una campaña electoral en Antioquia, departamento sobre el cual mencionó dificultades históricas por la composición política de su sociedad. En ese marco, reiteró que los hechos que rodean el caso UNGRD deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales competentes.
La reacción del presidente se dio después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara enviar a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco, al considerar que representan un potencial peligro para la sociedad y que, dada la relevancia de los cargos que ocuparon, podrían afectar el avance de la investigación por corrupción en la UNGRD.
La magistrada del caso sostuvo que la medida de aseguramiento es idónea y proporcional para evitar presiones indebidas sobre testigos, funcionarios o pruebas.
Según lo expuesto por el alto tribunal, el material probatorio presentado por la Fiscalía revela la posible existencia de una empresa delictiva con vocación de continuidad, que se habría desplegado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo que coincide con la permanencia de los exministros en el Gobierno.
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