Cinco personajes de la vida estatal y delincuencial quedaron en el ojo del huracán, tras las revelaciones de los dispositivos electrónicos incautados al cabecilla terrorista Alexander Díaz Mendoza (“Calarcá”), durante un retén realizado por el Ejército en Antioquia el año pasado.
El contenido, presentado este domingo por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, incluye chats de WhatsApp, cartas, audios y otra suerte de documentos que expusieron supuestas reuniones clandestinas con miembros del gobierno de Gustavo Petro y de las Fuerzas Militares.
A continuación, los personajes clave dentro de este entramado de presunta corrupción:
- General Juan Miguel Huertas: aunque salió del Ejército Nacional en 2022, antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, fue reintegrado al servicio por el presidente. En la actualidad ocupa el cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional.
En los chats y documentos incautados a “Calarcá”, se le señala de asistir a reuniones con miembros de las disidencias, asesorarlos en su lucha armada e incluso proponerles el montaje de una empresa de seguridad privada para legalizar su arsenal, vehículos y desplazamientos.
En las conversaciones, un disidente aseguró que el oficial proponía crear un grupo de 20 personas, a las cuales les ayudaría a tramitar permisos especiales para el porte de armas, con los cuales se legalizaría la empresa.
El oficial ha negado los señalamientos en su contra, insistiendo que es víctima de una persecución al interior de las Fuerzas Armadas, y que nunca se reunió con disidentes ni en Colombia ni en Venezuela.
- Wilmar de Jesús Mejía: es un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la entidad que funge como servicio secreto en Colombia, encargada de recopilar y analizar información de inteligencia de Estado, y que depende directamente de la Presidencia de la República.
Según la información recuperada en los dispositivos de almacenamiento decomisados a los disidentes que iban en la caravana de la UNP el año pasado, entre los miembros de la organización criminal es conocido como “el Chulo”, y al parecer cumplía la función de establecer contactos entre la gente de “Calarcá” y diferentes oficiales de las agencias de seguridad.
Mejía es licenciado en Educación Física y una persona de confianza del presidente Gustavo Petro, al punto de que este lo designó como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en marzo de 2024.
Fue representante estudiantil en la U.deA. en 2004 y candidato a la Cámara de Representantes en 2018, aunque no resultó elegido.
- Jixing Zhang: ciudadano chino, supuesto representante de una compañía de comercio exterior, que aparece en varias fotos encontradas en los chats de “Calarcá”, junto a los miembros de la organización criminal.
De los mensajes se extrae que, presuntamente, les ofreció apoyo para instalar un armerillo en Venezuela que les permitiera reparar sus fusiles, morteros y otras armas, así como dinero para inversiones en minería de oro y proyectos agrícolas en la región del Catatumbo.
La Embajada de China informó que no se pronunciaría sobre el caso hasta no recibir la información por parte del gobierno colombiano.
- Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá): es el comandante del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que se separó de la estructura de “Iván Mordisco”.
Sus células terroristas tienen presencia en Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Bolívar, Cauca, Cesar, Santander y Venezuela.
Desde finales de 2023 está en una mesa de conversaciones de paz con delegados del Gobierno Nacional, en medio de la cual sus frentes han perpetrado múltiples delitos, sin que la Casa de Nariño suspenda esas conversaciones o reactive la orden de captura en su contra.
- “Richard Catatumbo”: es uno de los cabecillas del frente 33 de las Farc, que delinque en la región del Catatumbo y en Venezuela. Al parecer estuvo en las citadas reuniones con el ciudadano chino, el delegado de la DNI y el oficial del Ejército.
Según fuentes militares, es el comandante financiero de la estructura, quien coordina los ingresos del narcotráfico, extorsiones, secuestros, contrabando, minería y otras rentas ilícitas.
Saltó a la luz pública en enero de este año, cuando el ELN y el frente 33 se enfrentaron por el dominio territorial del Catatumbo, una crisis de seguridad que dejó cerca de 64.000 desplazados y más de 100 muertos.
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