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“Formalizar la tierra es mejor que fumigarla”: Tobón

El nuevo ganador de la medalla Juan Luis Londoño habla de sus investigaciones sobre economía y delito.

  • Santiago Tobón ha estudiado y trabajado en las U. de Lovaina, Los Andes y Chicago. FOTO Camilo suárez
    Santiago Tobón ha estudiado y trabajado en las U. de Lovaina, Los Andes y Chicago. FOTO Camilo suárez
23 de abril de 2021
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A mayor tierra legalizada para el campesino, menor es la proporción de hectáreas de coca en los municipios de Colombia. Esta es una de las conclusiones del académico paisa Santiago Tobón, galardonado con uno de los reconocimientos más importantes en Economía.

Se trata del premio Medalla Juan Luis Londoño de la Cuesta, otorgado por la fundación del mismo nombre y Fedesarrollo, al colombiano de 40 años o menos, “que merezca un reconocimiento por el impacto en el bienestar de los colombianos de sus aportes en investigación, diseño y ejecución de políticas relacionadas con pobreza, protección social, educación, conflicto y justicia”, entre otras áreas, según los requisitos de las entidades organizadoras.

Tobón, de 37 años, es profesor de Economía y director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de Eafit. La medalla se entrega desde 2008 y es la primera vez que la obtiene un académico de una universidad antioqueña. Entre los méritos que le valieron el galardón, están sus investigaciones sobre la reincidencia delincuencial y el sistema penitenciario, crimen organizado y seguridad ciudadana, de las cuales conversó con EL COLOMBIANO.

Hablemos de sus hallazgos en la investigación de la reincidencia delincuencial...

“La idea del sistema penitenciario es que alguien sienta miedo de ir a la cárcel y desista de cometer un delito; el mismo castigo de enviar a alguien a la cárcel, debería servir para que rompa su círculo criminal, pero eso no está ocurriendo. En una cárcel como Bellavista, uno se encuentra un gran drama humano, allá llega una persona que no pertenece a ningún grupo criminal, y probablemente tendrá que trabajar para uno, porque tiene que pagar para tener una celda o una cama buena. Lo que trato de estudiar en ese trabajo, que es parte de mi tesis doctoral, es cuál es el efecto de las malas condiciones de reclusión sobre la reincidencia. Y lo que he encontrado es que más malas condiciones de reclusión llevan a mayores tasas de reincidencia. Esto genera un círculo vicioso, porque estás encarcelando gente con la expectativa de que eso sirve para algo, y lo único que estás haciendo es llevándolos más directo a la carrera criminal”.

¿Por qué la gente que llega a una cárcel con malas condiciones, tiene más probabilidades de reincidir?

“Primero, porque no se puede resocializar y pierde capital humano, como su capacidad de trabajo en el mercado legal. Segundo, desarrolla más capital criminal: ¿dónde se hacen más contactos para cometer delitos?, ¿dónde es más fácil que te recluten para un grupo ilegal? Pues en prisión. Y tercero, hay un comportamiento retaliativo frente a la sociedad: la gente que va a cárceles más malas, tiene una probabilidad más alta de morir, porque la atención en salud es mala y la violencia es más grave. Cuando el castigo es de forma inhumana, la persona tendrá menos incentivos para comportarse bien al salir”.

El hacinamiento es un grave problema, ¿qué debe hacer el Gobierno para mitigarlo?

“Lo primero es construir más cárceles, hay una oferta carcelaria insuficiente y se necesitan más cupos. Lo segundo, racionalizar el uso de la cárcel, para lo que hay varias alternativas: que haya menos delitos que envíen a la persona a prisión, así se descongestiona el sistema; que las penas sean más cortas, para que la rotación sea frecuente, porque las penas carcelarias tienen lo que en economía llamamos rendimientos marginales decrecientes, o sea, para cierto tipo de delitos hay una pena de 30 años y subirla a 35 o 40 no tiene ningún efecto sobre ese comportamiento, no tiene capacidad disuasiva y de eso hay muchos estudios. Lo tercero es usar penas alternativas, como el monitoreo electrónico, que en Colombia no funciona bien porque no hay capacidad ni recursos, pero es más barato monitorear una persona por fuera que adentro de la cárcel, el cupo carcelario es más costoso porque hay que cubrir gastos adicionales”.

En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿qué tareas pendientes tiene el Estado?

“Hay que ir a la causa raíz del problema. Es absurdo el debate de cada mes, de si prohibimos o no el parrillero en moto, eso es superficial, según la evidencia no sirve para nada. ¿Por qué hay hurtos? Porque hay unas cadenas de valor alrededor de los hurtos: por ejemplo, mientras siga la demanda ciudadana por partes de carro robadas, que se venden en zonas de la ciudad que todos conocemos, seguirá ese hurto. Otro tema tiene que ver con el mercado de droga, Colombia debe tener una discusión franca sobre legalizar la marihuana. Mucha de la violencia se explica en el ejercicio de grupos criminales de proteger sus rentas monopolísticas de la venta de marihuana. Hay evidencia sobre el consumo de droga en jóvenes, como resultado de la legalización, que sugiere que no hay un aumento; legalizar no implica aumentar la demanda y podría disminuir la violencia. Los cambios estructurales en patrones de criminalidad se dan con decisiones de esa naturaleza, no pensando si van a prohibir el parrillero o no”.

¿Por qué es más viable discutir sobre la legalización de la marihuana que sobre la cocaína?

“Porque la marihuana es un problema local, en Estados Unidos (el país que más consume) varios estados ya la legalizaron para consumo medicinal, y algunos para el recreacional, así que no hay un problema de economía política para Colombia al legalizarla. Con la cocaína es distinto, porque Colombia es el productor, pero los principales consumidores son otros, como EE. UU. y Europa. No es un problema independiente de nuestro país, esa decisión habría que tomarla con otras naciones, porque si aquí la legalizamos, pero permanece ilegal en esos otros lugares, sería problemático para nosotros”.

¿Qué aciertos y cuáles vacíos ve en la implementación del posconflicto?

“Dentro de los aciertos están la estrategia PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y las Zonas Futuro, con las que el Estado empezó a consolidarse en territorios donde no estaba, y esto ya ha tenido efectos positivos sobre la protección de líderes sociales. ¿Qué falta? En materia de cultivos, otra vez está la discusión sobre la aspersión con glifosato, cuando la evidencia sugiere que no es efectivo; si el Gobierno quiere insistir en esto, lo mínimo que debería hacer es una evaluación de impacto, que la hiciera una entidad independiente, para ver si sirve o no, porque de lo contrario es seguir tomando decisiones sin evidencia. El problema de fondo es cómo se puede reducir la oferta, si la demanda se mantiene, en EE. UU. y muchas partes del mundo siguen comprando cocaína, así es difícil que Colombia logre bajar los cultivos. Tengo un trabajo con Juan Carlos Muñoz, otro profesor de Eafit, en el que encontramos que es más efectivo, para reducir los cultivos ilícitos, formalizar la tierra en vez de fumigarla con glifosato”.

¿Por qué formalizar la tierra tiene un mejor efecto sobre los cultivos ilegales?

“La formalización genera incentivos para el campesino en dos direcciones: con el título formal puede acceder a créditos más fácil, así aumenta su capacidad de inversión en agricultura legal; y por otro lado, tener ese título lo vuelve responsable penalmente si hay cultivos ilegales en el predio. Lo que hacemos en este trabajo académico es investigar las estrategias de formalización que hubo alrededor del Plan Colombia y demás, incluso desde antes, con una estrategia que financió el BID, y ver qué efectos tiene esto. Lo que encontramos es que si hay más hectáreas formalizadas en un municipio, hay menos hectáreas de coca sembradas, y es un patrón que se ve en todo el territorio nacional”.

En lo relacionado con el crimen organizado de Medellín, ¿cuáles han sido sus principales hallazgos?

“La mayor parte de la investigación sobre políticas públicas en seguridad ciudadana, se concentra en la contención del fenómeno, patrullar más, instalar cámaras, etc., pero cuando uno se pone a pensar en los problemas de Medellín, eso es solo es la punta del iceberg. La investigación tiene que ver con la causa raíz del problema, y entender a los grupos ilegales como entes que regulan el crimen en la ciudad. Si vos no comprendés a esos grupos, no vas a poder diseñar políticas asertivas”.

¿Qué hace distinto a un grupo de crimen organizado de Medellín de los demás?

“Los grupos de Medellín ejercen un poder regulatorio, tienen normas que se materializan en la realidad, distinto a otros contextos del país, como Cali, donde no hay un ejercicio férreo de protección de los monopolios criminales. En Medellín es impensable que una persona empiece a vender droga en un barrio, sin autorización de una banda. Aquí, en los territorios en los que hace presencia algún tipo de combo, que son dos terceras partes de la ciudad, cada centímetro cuadrado lo controla algún grupo, vos no podés ejercer de manera libre ciertas actividades ahí. El hecho de tener esa jerarquía, y normas sobre cómo regular la violencia, pone al crimen organizado de Medellín en un nivel alto de sofisticación, comparado con otras ciudades” .

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