La ley del silencio impera en las regiones más alejadas del país, donde campean las bandas criminales a las que el Gobierno atribuye algunas de las recientes masacres que han causado 40 muertos, lo que deja el camino expedito para la impunidad, dijeron este jueves varias organizaciones sociales.
“La gente en los territorios no se atreve a decir nada porque si lo dice (los asesinos) rápidamente se van a dar cuenta quién lo dijo y van a ser víctimas de esos grupos. No hay garantías en los territorios para que la gente hable tranquilamente en una investigación”, afirmó Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, una organización defensora de derechos humanos.
Sánchez puso como ejemplo el caso reciente de un líder social del departamento del Putumayo, a quien le asesinaron un hijo “y nadie quiere decir nada porque la gente tiene mucho miedo”.
“Las comunidades prefieren no denunciar porque saben que si denuncian sigue esa estela de muertes. No hay ningún acompañamiento, la gente no cree en las instituciones, nosotros no creemos en el esclarecimiento del que habla la Fiscalía”, añadió.
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Violencia e impunidad
A raíz de las recientes matanzas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca y Norte de Santander, la Fiscalía anunció el envío de equipos especiales de investigadores a esas regiones para tratar de esclarecer los crímenes, una tarea que se presenta compleja por los antecedentes de impunidad que suelen rodear a los asesinatos y otros delitos en el país.
En el caso de la masacre de Arauca, donde el pasado viernes fueron asesinadas cinco personas en el caserío de El Caracol, las autoridades ni siquiera han logrado identificar a todas las víctimas, y al parecer algunas de ellas son de nacionalidad venezolana.
“Lo primero que le pedimos al Gobierno es que deje de ser irresponsable y ligero en sus afirmaciones. Siempre dicen que esto (las masacres) son vendetas entre grupos narcotraficantes y le restan valor a las víctimas. Esto es una afrenta y una ofensa a todas las víctimas porque no se sabe todavía ni siquiera quiénes son las personas que están muriendo”, añadió Sánchez.
El Gobierno asegura que algunas de las últimas masacres fueron cometidas por narcotraficantes y, en el caso de la de tres personas en cercanías de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo ayer que las investigaciones indican que fue perpetrada por el Frente Héroes del Catatumbo del Eln.
“Es importante señalar que varias manifestaciones de violencia que han tenido lugar en este departamento han obedecido a disputas territoriales por el procesamiento de estupefacientes”, aseguró el ministro.
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El narcotráfico y su poder
Las autoridades consideran que aunque detrás de las matanzas suelen estar bandas criminales dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal, creen que en algunos casos no necesariamente se trata de venganzas o ajustes de cuentas, sino de acciones para sembrar el terror en sus áreas de influencia y de esta forma poder operar a sus anchas.
“Las estructuras han disminuido en número pero se han fortalecido en estos municipios en donde están haciendo presencia”, dijo Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictos sobre Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Según González, a ese fortalecimiento contribuyen “la falta de políticas claras frente al tema de narcóticos” por parte del Gobierno, que es incapaz de llevar la institucionalidad a todo el territorio nacional”.
Datos del Gobierno y de analistas del conflicto armado colombiano indican a las principales bandas criminales que mayor violencia generan en el país como el Clan del Golfo, Los Caparrapos, Los Puntilleros y Los Rastrojos, de origen paramilitar, se han sumado recientemente en las disputas territoriales las disidencias de las Farc y Los Pelusos, un reducto del Ejército Popular de Liberación (Epl) dedicado al narcotráfico.
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