Hace 10 años en Colombia empezaron a existir, legalmente, el conflicto y sus víctimas. Luego de años de negacionismo sobre el estatus de una guerra interna que se libraba entre el Estado y los grupos de guerrilla y paramilitares, con la Ley 1448 de 2011 el Gobierno reconoció que la confrontación que ocurría en el país se llamaba conflicto armado y que sus afectados debían ser reconocidos, atendidos y reparados integralmente.
De acuerdo con Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia, “esta ley significó un avance porque el Estado reconocía que las víctimas no eran de un fenómeno natural ni de una acción indefinida sino de un conflicto armado que había generado millones de hechos victimizantes, en esa medida se dio un mensaje de admitir que había una responsabilidad de protección que el Estado no había cumplido”.
Al respecto, Kenneth Burbano Villamarín, director Observatorio Constitucional Universidad Libre, anotó que “aquí hay un reconocimiento del conflicto armado, que conforme a la jurisprudencia depende del nivel de organización de las partes y la intensidad de las operaciones, y no del reconocimiento gubernamental del mismo”.
La institucionalidad
Para responder a las demandas de los afectados por el conflicto, la ley dispuso de tres entidades: la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, cuya misión es atenderlas y repararlas administrativamente, mediante indemnizaciones económicas y medidas de satisfacción; la Unidad de Restitución de Tierras, que debía buscar a quienes fueron desplazados y despojados de sus predios para que retornen dignamente a sus parcelas; y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyo objetivo es recoger la memoria del conflicto, en una suerte de reparación simbólica.
Desde entonces las tres entidades se han encargado de identificar e individualizar a las víctimas, que ya suman 9.134.347, cifra que crece cada día, porque el conflicto no ha terminado.
Diez años después de emitida la normativa, el Estado ha dispuesto 8,1 billones de pesos en la indemnización administrativa, ha restituido las tierras de 73.233 despojados, y ha escuchado los testimonios de 14.053 personas, entre muchos otros logros. (ver gráfico)
Aunque la ley fue establecida con fecha de caducidad de una década, su aplicación aún es “precaria”, en palabras de Gil. “Debemos entender que una reparación integral a 9 millones de personas es muy compleja, más cuando se siguen produciendo víctimas todos los días, porque en muchos territorios se mantienen las dinámicas de violencia”, anotó el experto.
Y agregó que “la reparación económica es deficitaria pero hay otras cosas que han aparecido. El CNMH ha hecho esfuerzos para comprender los contextos del conflicto desde las voces territoriales y que les han dado un lugar en el relato de lo que hemos sido como país”.
Incluso señaló que la misma creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y Garantías de no Repetición da cuenta de ciertos avances en el reconocimiento de la importancia de las víctimas y de la satisfacción de sus derechos.
Burbano también manifestó que “la restitución agraria es un acierto, pero en cuanto al compromiso de las entidades hay que trabajar bastante porque el cumplimiento de las órdenes ha sido demorado”.
En resumidas cuentas, tanto Gil como Burbano coinciden en que hay que acelerar e incrementar el respaldo político y económico para la implementación de la política de víctimas, para que pueda atenderse a todo el universo de registrados, sin esperar simplemente a que mueran.
Frente a esta problemática tanto el Ejecutivo, el Legislativo y hasta la Corte Constitucional son conscientes. Tanto así que recientemente se prorrogó la ley por 10 años más, una medida que busca cumplirles aquellos que aún no han sido atendidos ni reparados.
Otros efectos
Aunque la ley de víctimas se suscribió para atender a la población afectada por las hostilidades, tanto de manera individual como colectiva, ha traído otras ventajas.
Un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes encontró, por ejemplo, que “la intervención de la política de restitución de tierras evitó el crecimiento de la tasa de asesinatos de líderes sociales en 2,1 veces desde el cese al fuego con las Farc. A partir de 2015, se empezó a ver una disminución en los asesinatos de líderes sociales en los municipios que fueron intervenidos por la política de restitución y ese efecto está concentrado en los municipios en donde la institucionalidad llegó con más presencia en los territorios”, anotó el investigador Lucas Marín Llanes.
Así mismo, la Unidad de Restitución ha identificado que en los primeros dos años a partir de la sentencia de restitución el valor de la tierra se incrementa entre un 8 % y 10 %, y cuando hay una productividad, es decir entre cinco y siete años, el valor puede duplicarse.
EL COLOMBIANO recogió historias sobre cómo la implementación de la Ley 1448 se vio reflejada en la vida de las diversas poblaciones del país: niños, jóvenes, mujeres, afro, indígenas y LGBTIQ+, como un mensaje de esperanza para los 10 años que vienen
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