El capitán (r) Daladier Rivera Jácome le pidió a Villamir Rodríguez —el único de sus objetivos que quedó vivo— que se pusiera de pié y le pidió perdón por intentar asesinarlo siendo un civil inocente e indefenso al que los militares le dispararon tras tenerlo varias horas atado a un árbol.
“Quiero aclararle al mundo y a los colombianos que usted no era ningún combatiente. Vengo a limpiar su nombre”, dijo Rivera en la Audiencia de Reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que él y otros 9 militares admitieron su responsabilidad en más de un centenar de falsos positivos, en un hecho histórico para el esclarecimiento de la verdad.
Si Villamir no hubiera logrado escapar en medio de la noche cuando los soldados del batallón lo creían muerto, su caso hubiera sido igual al de las otras 120 víctimas que fueron perseguidas, capturadas y asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y que luego fueron presentadas como bajas en combate para simular los “resultados operacionales” que exigían los altos mandos.
Tras cinco años de investigación, la justicia transicional entregó con nombres propios quiénes fueron las víctimas y cuáles fueron las responsabilidades de sus victimarios. EL COLOMBIANO buscó el expediente de cada uno de los militares de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería número 15 (BISAN) para comprender cuáles fueron los modus operandi en el Catatumbo, un subcaso priorizado por la JEP como uno de los más importantes del país, pues muestra cómo era el actuar criminal orquestado en las Fuerzas Militares que se replicó en varios departamentos.
Los patrones
Los primeros dos falsos positivos en el Catatumbo se dieron como consecuencia de las presiones que recibían de los altos mandos para entregar bajas en combate y competir con los demás batallones del país.
Sin embargo, los militares empezaron a recibir beneficios como recompensa por esas muertes que supuestamente eran contra guerrilleros pero que se dieron de manera sistemática contra habitantes del Catatumbo. Incluso, la Jurisdicción describió cómo altos mandos, como el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amando, empezaron a prometer viajes al exterior para los equipos que más bajas presentaran.
De ese modo, la JEP descubrió toda una organización criminal en la que los militares se distribuyeron las tareas: unos se encargaban de elegir a las víctimas, otros montaban retenes ilegales o las convencían de asistir a algún lugar donde las esperaban sus asesinos, y los últimos montaban toda la escena judicial para simular un combate y no levantar sospechas.
Esos montajes, según la JEP, implicaban ponerle una arma corta o larga a cada una de las víctimas y, en algunos casos, vestirlas con prendas militares para “dar visos de legalidad más efectivos”. Se supo, según lo que reconocieron los militares, que algunos de los hombres fueron obligados a disfrazarse de guerrilleros justo antes de recibir los disparos.
¿De dónde salió la plata?
Pero ese montaje no era barato. Conseguir estos recursos exigía un alto nivel de planeación y organización, pues el costo de un solo revólver en el mercado negro de la época –según consta en declaraciones rendidas ante esta Sala– podía estar alrededor de 400 mil pesos.
Bajo esa lógica –según la Sala de Reconocimiento– el plan de estas organizaciones involucró un negocio criminal de adquisición de armas en el mercado negro con dineros del Estado, para facilitar la legalización de las falsas bajas en combate.
De igual modo, los militares confesaron que los vehículos oficiales del Ejército Nacional también eran usados para trasladar víctimas desde falsos retenes militares hasta el lugar previamente definido para su asesinato.
Pero esos no eran los costos más altos. Resulta que los batallones empezaron a pagar hasta 1.250.000 pesos por cada víctima que terceros civiles reclutaran y llevaran a las instalaciones para hacerlos pasar como guerrilleros. Es por eso que dentro de las víctimas se encuentran hombres con discapacidades físicas o cognitivas y personas vulnerables como habitantes de calle.
La matanza fue tal, que los habitantes del Catatumbo empezaron denunciar que algo no estaba bien con los muertos que estaba reportando el Ejército. “Su señoría, veíamos como mataban al vecino del lado, al muchacho que estudió con uno o al hijo con discapacidades de la viuda del pueblo. Por eso empezamos a denunciar y no nos creyeron”, contó uno de los habitantes de esa región ante la JEP.
Ante la gravedad de las denuncias, organizaciones internacionales del tamaño de la OEA y de la ONU generaron un informe sobre presunta violación a los derechos humanos.
Dicha información fue negada por los altos mandos del Ejército en Norte de Santander y tachada como “ataques que buscaban desprestigiar al Ejército”.
Apenas un par de días después, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo reunió a los soldados y les pidió no asesinar a más habitantes de la región, pues la situación mediática ya era insostenible.
Víctimas “a domicilio”
De ese modo, y ante la imposibilidad de seguir asesinando civiles del Catatumbo, el entonces comandante del BISAN, Diego Tamayo Hoyos, recibió un propuesta el 4 de diciembre de 2007 que cambió el rumbo de los falsos positivos en esa región: trasladar víctimas desde otras regiones del país, asesinarlas y eliminar sus documentos para reportarlas como N.N sin que sus familias supieran dónde habían muerto y no pudieran reclamar.
Así, “la nueva modalidad de engañar víctimas de otras ciudades para presentarlas como bajas en combate en Ocaña y otros municipios de la región tuvo su origen en las oficinas de la comandancia del BISAN” y se replicó a lo largo y ancho del país repitiendo ese patrón en otros departamentos pero de manera más esporádica.
Según la JEP, la mayoría de esos jóvenes que eran pedidos casi que “a domicilio” cuando los batallones necesitaban bajas, fueron engañados para salir de Bogotá y Soacha y terminar en Ocaña, donde finalmente eran asesinados.
Verdad para sanar víctimas
Tras más de 15 años de espera para entender qué había pasado con sus familiares, las víctimas por fin pudieron escuchar que no eran guerrilleros y que, al contrario, fueron víctimas de un “actuar sistemático del Ejército contra la población civil”.
Según logró establecer la JEP a través de su Auto 125 de 2021, todas las víctimas desaparecidas y asesinadas por miembros de la BRIM15 y del BISAN durante los años 2007 y 2008 eran hombres jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 14 y 35 años. Muchos de ellos convivían con sus madres y algunos, a pesar de su juventud, ya tenían hijos, compañeras o esposas. Por esta razón, la mayoría de las víctimas sobrevivientes de estos crímenes son mujeres.
De hecho, la JEP detalla que en el marco del caso 03 ha acreditado 1.048 víctimas, de las cuales 658 son mujeres.
Con la Audiencia de Reconocimiento, por lo menos 10 de ellas tuvieron la oportunidad de hablar ante los militares y dar sus testimonios sobre cómo la muerte de sus seres queridos les cambió la vida y las llevó a mayores índices de pobreza y desempleo.
Algunas, como la hermana de una de las víctimas, aseguraron que no perdonarán nunca lo que esos uniformados les hicieron, pero otras, como algunas madres de Soacha, reconocieron “la valentía” de esos hombres para admitir sus crímenes y se mostraron abiertas a seguir trabajando para “que esto no nos vuelva a suceder”.
Estos son los diez militares que aceptaron su responsabilidad en falsos positivos
Néstor Gutiérrez Salazar
Cabo primero (r)
Responsable por la muerte de 15 víctimas entre febrero de 2007 y junio de 2008. Aceptó haber elaborado una “lista negra” con la que seleccionaban a las víctimas inocentes. También les ponía armas y los vestía de camuflados. Borraba evidencias.
Sandro Mauricio Pérez Contreras
Sargento segundo (r)
Es responsable, en título de coautor, por la muerte de 47 víctimas entre marzo de 2007 y julio de 2008. Organizaba las supuestas labores de inteligencia previas a las capturas y asesinatos. Movilizaba a las tropas que asesinaron civiles.
Daladier Rivera Jácome
Capitán (r)
Es coautor de la muerte de 43 víctimas entre enero y noviembre de 2007, así como de una víctima que fue retenida pero logró escapar con vida, para un total de 44 víctimas. Reconoció crear pruebas falsas para incriminar a civiles como guerrilleros.
Juan Carlos Chaparro Chaparro
Mayor (r)
Resposable directo de una víctima y coautor de la muerte de 37 víctimas más. Firmó documentos mediante los cuales se legalizaron supuestos resultados operacionales que en realidad eran civiles asesinados. Ayudó a planear operaciones para asesinar civiles.
Álvaro Diego Tamayo Hoyos
Teniente Coronel (r)
Es responsable de 44 víctimas entre marzo de 2007 y agosto de 2008. Presionó a sus subalternos para obtener bajas y aceptó esos asesinatos ilegales para aumentar resultados. Asistió a reuniones en las que se planeaban ejecuciones extrajudiciales.
Gabriel de Jesús Rincón Amado
Coronel (r)
Es responsable por la muerte de 75 víctimas. Exigía bajas en combate “a como diera lugar”, “sin importar que estas fueran legales o no”. Prometía viajes al exterior a los que más reportaran bajas. Dio ordenes directas de asesinar inocentes. Es uno de los máximos responsables.
Rubén Darío Castro Gómez
Coronel (r)
Es coautor de la muerte de 59 víctimas entre junio de 2007 y noviembre de 2008. Supo de las ejecuciones extrajudiciales y no las denunció. Ayudó a pagar recompensas a los reclutadores de víctimas y a planear la estrategia de traer jóvenes de otras regiones.
Santiago Herrera Fajardo
Coronel (r)
Es responsable, como coautor, de la muerte de 43 víctimas. Aceptó ser “instigador” y amenazar a sus subalternos con no ascenderlos si no presentaban bajas. Realizó cambios en la línea de mando para tener hombres de confianza a su lado que no lo delataran.
Paulino Coronado Gámez
General (r)
Debe responder por la muerte de 55 víctimas como máximo responsable autor a título de comisión por omisión. Ejercía presión para reportar bajas y pedía resultados de personas muertas, no capturadas. No conoció lo que pasaba, pero tampoco garantizó que no ocurriera.
Rafael Antonio Urbano Muñoz
Oficial de Inteligencia (r)
