Con la audiencia de observaciones sobre la acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz contra el último secretariado de las extintas Farc, inició formalmente el juicio que adelanta la Sección Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el Caso 01, que investiga los hechos de secuestros cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado.
Durante la primera jornada de observaciones, que se llevó a cabo el martes, las víctimas y sus apoderados se pronunciaron; mientras que para este jueves el turno fue para los exintegrantes del secretariado de las Farc.
El objetivo principal de la diligencia es que los magistrados recojan insumos sobre la posición que fijaron en la Resolución de Conclusiones: un documento de 218 páginas de noviembre del año pasado con el que se seleccionó a siete máximos responsables de la antigua guerrilla por crímenes de guerra y lesa humanidad.
En la decisión de la JEP también se detallaron proyectos de sanciones propias del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, además de que se reconoció que los siete comparecientes aceptaron su responsabilidad en estos hechos.
Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Entre tanto, la idea del tribunal para la paz es poder concluir “si hay correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones realizadas, los presuntos responsables, la propuesta de sanción y la valoración del reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los exFarc”, según detalló en un comunicado de prensa.
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“Actuaciones como estas determinan el camino procedimental que se ha de correr en las fases de juicio y que no se agota con esta actuación, sino que es una de varias audiencias, previos a la emisión de una sentencia”, indicó el órgano judicial nacido del Acuerdo de Paz de 2016.
La sanción propuesta por la Jurisdicción Especial fue de ocho años de prisión para todos los máximos responsables, y cinco para Rodrigo Granda, quien no tuvo tropas a su mando. Además, se aprobarán proyectos de trabajo de desminado, búsqueda de desaparecidos y actividades simbólicas de dignificación para las víctimas.
Durante la audiencia de este jueves, el abogado representante de Rodrigo Londoño, Camilo Fagua, dijo que “las víctimas vieron en el desarrollo del macrocaso 01 una oportunidad para esclarecer la verdad. Gracias a la firma del Acuerdo de La Habana, hoy, tienen la posibilidad de conocer esas verdades que por décadas fueron ocultas en la impunidad”.
Entre tanto, el abogado representante de Pablo Catatumbo, Felipe León, aseguró que “la propuesta de proyecto de sanción presentada por los comparecientes busca atender los daños causados: la búsqueda de las personas desaparecidas, la acción contra minas y la restauración ambiental”.
Los representantes de víctimas, por su parte, agradecieron el trabajo de la JEP y pidieron celeridad en la entrega de cuerpos de desaparecidos. Además, reiteraron el llamado a abandonar las narrativas justificadoras.
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