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Autoridades civiles, religiosas e indígenas de Chocó emitieron un comunicado en el que se alerta de la difícil situación de orden público que atraviesan las comunidades afrodescendientes e indígenas de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo el Medio Atrato.
Según informan, el recrudecimiento del conflicto armado y la falta de protección es una amenaza constante para las miles de personas que habitan en esa zona del país, la cual históricamente ha sido disputada por diferentes grupos armados ilegales.
Actualmente, como lo dice la denuncia, la preocupación está centrada en el accionar delictivo de la guerrilla del Eln y de las Autodefenss Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo como es conocido por el Gobierno) y los numerosos enfrentamientos armados en los que la población civil queda en el medio.
En esa zona se han registrado varios desplazamientos masivos, además de confinamientos de comunidades enteras, que por los combates o la instalación de minas antipersonal, no pueden movilizarse libremente.
En el comunicado, las organizaciones civiles le piden al Estado prestarle más atención a las alertas tempranas hechas por la Defensoría del Pueblo y a las autoridades locales y departamentales hacer más presencia administrativa en las comunidades.
Al respecto, el general de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, le afirmó a EL COLOMBIANO que en la zona afectada se mantienen las operaciones militares, las cuales están a cargo de la Brigada XV. “Tenemos fuerte presencia de tropas, incluso ya hemos tenido varios contactos armados con resultados positivos contra las estructuras ilegales que allí delinquen”, dijo el oficial.