En 2025, el vacío general por la inexistencia de un marco jurídico de sometimiento y la desarticulación entre la estrategia de seguridad y la política de paz permitieron al Clan del Golfo y a las disidencias duplicar su control territorial y militar durante 2025, aprovechando la suspensión de órdenes de captura y las figuras de “gestores de paz” para evadir la acción penal mientras se agudizaba la crisis humanitaria advertida por Human Rights Watch.
El informe anual de Human Rights Watch (HRW), conocido esta semana, calificó el 2025 como el año con “una de las peores situaciones humanitarias de la última década”. Esta conclusión se sustentó en cifras que evidencian el crecimiento exponencial de los grupos armados bajo la política de “Paz Total”.
Gerson Arias, investigador de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), reveló la magnitud de este fortalecimiento: el Clan del Golfo, bajo el mando de alias ‘Chiquito Malo’, pasó de tener incidencia en 208 municipios al inicio del actual Gobierno a controlar 300 territorios en 2025.
El crecimiento no fue solo territorial, sino militar. Arias detalló que el pie de fuerza de esta organización narcoparamilitar saltó de 4.000 integrantes en 2022 a 9.840 en 2025. De igual forma, las disidencias de las Farc duplicaron sus filas, pasando de 5.200 a casi 10.000 combatientes, y expandieron su influencia de 117 a cerca de 300 municipios.
“Los ceses al fuego instaurados durante 2023 permitieron la expansión de los grupos, disminuyeron la eficacia de la Fuerza Pública y, por tanto, permitieron un mayor control”, explicó Arias, quien agregó que el problema de fondo radica en el “grado de gobernanza criminal”, incluyendo el control absoluto sobre la vida cotidiana de las comunidades.
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Para Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el error estructural que facilitó este escenario fue la equiparación jurídica de grupos de delincuencia organizada con organizaciones de origen político. El jurista explicó que, al no existir una distinción clara, se metió a “todos en un mismo saco” —desde el Clan del Golfo hasta bandas como Los Pachenca— para obtener beneficios sin las exigencias propias de un proceso de paz.
“Se ha fomentado el fortalecimiento de la criminalidad”, afirmó Bernate. El experto señaló que la figura de los “Gestores de Paz” terminó generando “unos espacios de impunidad muy importantes” y se “desdibujó” por completo. Según su análisis, esta figura permitió que un número importante de criminales, muchos sin representatividad real dentro de los grupos, lograran su libertad, lo cual “terminó favoreciendo mucho su impunidad”.
Bernate advirtió que el levantamiento de órdenes de captura sin una contraprestación verificable de paz envió un “mensaje perverso” y consolidó una “impunidad de facto”. Aunque aclaró que la Fiscalía General no prevaricó al suspender las órdenes —pues actuó bajo el amparo de la ley vigente—, la consecuencia práctica fue una “inacción investigativa” en las zonas de cese.
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“Al final el riesgo es un riesgo de prescripción de las investigaciones o de los juicios que estaban en curso, de manera que ese sí es un escenario muy indeseable”, puntualizó el penalista.
El limbo jurídico y la desarticulación estatal
Ana María Rodríguez, presidenta de la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), coincidió en que la ausencia de una Ley de Sujeción aprobada creó un “limbo jurídico” que impidió concretar el desmantelamiento de estas estructuras. Rodríguez explicó que esta carencia legal significó que “no se pueden firmar acuerdos definitivos” porque el Estado no ha clarificado “qué incentivos o beneficios van a recibir a cambio de entregar las armas y someterse a la justicia”.
La jurista argumentó que esta indefinición dilató las conversaciones y provocó un desgaste que derivó en el incumplimiento de treguas. “El problema es que se han extendido mucho muchas de estas negociaciones que podrían haber adoptado acuerdos en el pasado”, señaló.
Además, Rodríguez enfatizó en la “falta de articulación” al interior del Ejecutivo entre la política de seguridad y la de paz. Según la experta, se evidenciaron “choques y tensiones” donde no hubo coherencia entre el levantamiento de órdenes de captura y las acciones operativas de la Fuerza Pública y el aparato judicial.
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“Es necesario que haya seguridad jurídica para quienes están participando de las negociaciones, pero haya también claridad tanto para la fuerza pública como para el aparato judicial sobre cuál es el alcance de su intervención”, concluyó Rodríguez.
Crisis humanitaria y riesgo electoral
El vacío legal tuvo consecuencias directas en la población civil. HRW reportó que, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 137.000 personas fueron confinadas en 2025, y el reclutamiento infantil aumentó, con la Defensoría del Pueblo registrando un alza del 81 % en casos durante el año anterior, tendencia que se mantuvo.
El informe internacional también subrayó que las autoridades judiciales “no han logrado proteger de forma efectiva a la población” ni garantizar el acceso a la justicia. Este deterioro de la seguridad, sumado a la expansión de los grupos armados detallada por la FIP, impactó el escenario democrático. HRW advirtió que el periodo previo a las elecciones de 2026 se vio “empañado por la violencia”, citando el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Sobre esto, Gerson Arias de la FIP confirmó que la expansión de los grupos es “una variable que afecta el proceso electoral” y advirtió que las decisiones geopolíticas recientes podrían aumentar los riesgos en los territorios controlados por estas estructuras ilegales. Bernate añadió que ver a cabecillas con órdenes de captura suspendidas mientras las comunidades sufren el control criminal “es un mensaje nefasto para una democracia”.
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