Los ceses al fuego con grupos armados fueron uno de los principales ejes de la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. La estrategia buscaba reducir la confrontación armada y crear condiciones para avanzar en negociaciones con organizaciones ilegales. Sin embargo, una investigación de la Universidad de los Andes concluyó que, en varios territorios, la medida coincidió con un aumento de formas de violencia menos visibles contra la población civil, como la extorsión, las amenazas y el reclutamiento forzado de menores, lo que pone en cuestión una vez más los resultados que dejó esa política en las zonas analizadas.
El estudio, titulado “¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes” y divulgado por El Tiempo, fue elaborado por los economistas Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, quienes analizaron el comportamiento de distintos indicadores de violencia antes y después de los ceses al fuego implementados entre 2022 y 2023.
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Los resultados muestran que, en las zonas con presencia de grupos armados cobijados por esas medidas, la extorsión aumentó 337%, las amenazas contra la población civil crecieron 70%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168% y los indicadores de gobernanza criminal aumentaron 32%, especialmente en municipios con presencia de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
De acuerdo con los investigadores, las organizaciones armadas fortalecieron mecanismos de control territorial sobre comunidades, rutas, economías ilegales y zonas donde ya tenían influencia: “Los grupos explotaron el cese al fuego para consolidar el control territorial mediante formas menos visibles de coerción”.
No obstante, los investigadores aclaran que las operaciones dirigidas contra economías ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, no presentaron cambios estadísticamente significativos durante el periodo analizado.
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La investigación también encontró que, tras la entrada en vigor de los ceses al fuego, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados disminuyeron 73%, mientras que las bajas en combate de integrantes de esas organizaciones se redujeron 46%. Para los autores, estos resultados reflejan una menor presión estatal sobre estructuras cuya principal fuente de ingresos proviene de economías ilegales.
De acuerdo con los hallazgos coinciden con otras alertas de los últimos meses. La Contraloría General de la República informó recientemente que la presencia de actores armados ilegales pasó de 195 municipios en 2019 a 518 municipios en 2025, un incremento superior al 165%, lo que refleja la expansión territorial de estas estructuras.
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