A inicios de año, a la sede del Partido Conservador llegó una orden de embargo. Las alarmas se encendieron rápido: el juzgado 51 civil del Circuito de Bogotá aseguró que iba a tomar $1.100 millones de la cuenta y secuestraría preventivamente la tradicional sede ubicada en el Park Way, en Bogotá, hasta dirimir el caso. ¿La razón? Un supuesto incumplimiento a un contrato de 2022.
El demandante, Marlon Díaz, había logrado firmar ese contrato gracias a su cercanía con uno de los antiguos presidentes del partido. Sin embargo, le habían perdido la pista luego de que él, como representante legal de la empresa que los acusa, se viera inmerso en problemas financieros con otras firmas y con la Dian.
La lucha legal
Cuando el equipo legal de este Partido se sentó a leer con detenimiento, observaron que las drásticas medidas de la Justicia fueron tomadas con base en la demanda interpuesta por Media Consulting Group Colombia S.A.S., una empresa especializada en comunicaciones que había sido contratada para las últimas elecciones presidenciales y legislativas.
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Marlon Díaz, representante legal de Media Consulting, alegaba que los miembros del Partido Conservador habían cambiado verbalmente los términos y condiciones del contrato de promoción política. Según Díaz, inicialmente lo contrataron para que se encargara de poner la pauta política de los candidatos del partido a las elecciones del Congreso de 2022.
Tendría una bolsa de más de $2.200 millones para pagar los anuncios del Partido en favor de sus candidatos en radio, televisión, prensa y digital. Luego, alega Díaz, el entonces directivo del partido, Elías Raad, le dio instrucciones para contratar pauta televisiva en horario estelar para la campaña presidencial de David Barguil.
El demandante alegó ante el juzgado que le prometieron que si redireccionaba $280 millones a esa tarea, se los devolverían a través de donaciones y ajustes internos con el fin de que los gastos no quedaran registrados en la campaña y no se excedieran los topes.
Díaz afirmó que nunca le devolvieron aquel dinero, y eso le causó problemas financieros. El Partido explica que la instrucción a Díaz se le dio en una carta oficial del Partido, en donde dice que por instrucciones del presidente Ómar Yepes de la bolsa total se destinara ese monto para apoyar, además de los candidatos al Congreso, a Barguil que era el candidato del Partido a la consulta que se haría en la misma fecha de marzo.
Fuentes jurídicas del Partido Conservador le aseguraron a EL COLOMBIANO que no era pauta para Barguil, sino una cuña institucional “pidiendo el voto en favor del partido en todas las elecciones que estaba participando. Y así está registrado en el monitoreo de medios que hace el CNE y el registro contable del partido”. Todo lo cual es público.
Según el equipo legal, la demanda de Díaz está sustentada en una factura falsa —la Factura No. 068, por 720 millones de pesos— que no cumple con los requisitos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y que nunca fue conocida por nadie en la colectividad. Todo habría iniciado, según las fuentes, porque Díaz, presuntamente, entró en quiebra, lo que lo hizo incumplir con varios medios de comunicación.
Al momento en el que esto ocurrió, la colectividad decidió acabar el contrato con Díaz, pero todo fue en buenos términos.
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EL COLOMBIANO tuvo acceso al acta de liquidación del contrato a satisfacción, que está firmado por el Presidente del Partido de esa época, Omar Yepes; el Gerente de la época, Elías Raad; Orfa Patricia Monroy, Secretaria Jurídica e incluso, cuenta con la firma de Marlon Díaz, de Media Consulting Group. Cabe resaltar que en aquella acta se constata que, como parte de la liquidación, le dieron $99.4 millones a Díaz que no estaban contemplados en el monto inicial del contrato, y que durante la ejecución del mismo el contratista no fue sancionado en ningún momento.
Sin embargo, Díaz insiste en que los cambios fueron de manera verbal. Por su parte, el equipo legal del partido le aseguró a EL COLOMBIANO que aquella situación nunca se presentó. Ante las acusaciones de Díaz, el Partido Conservador interpuso una denuncia ante la Fiscalía, acusando al representante de Media Consulting Group de fraude procesal y falsedad en documento privado.
Por el momento, el próximo 21 de agosto ambas partes deberán reunirse en uno de los juzgados del Circuito para una audiencia inicial en la que se evaluarán las pruebas y testimonios de cada uno.
En cuanto a la denuncia en la Fiscalía, aún no hay una primera audiencia programada. Mientras tanto, el partido pidió una medida cautelar para que levanten las sanciones económicas sobre la sede y las cuentas. El equipo legal del Partido Conservador se mantiene optimista al respecto: “Se está inventando una obligación para estafar al Partido, y eso no lo vamos a permitir”.
Números rojos
Según documentos en poder de EL COLOMBIANO, la empresa Media Consulting Group, representada por Marlon Díaz, enfrenta problemas financieros.
En la Fiscalía también reposa una denuncia de la Dian hacia Díaz por, presuntamente, evadir impuestos. Según la Dian, Díaz habría omitido declarar más de $12 millones de la empresa en los plazos establecidos por el Gobierno Nacional, lo que constituye una falta grave.
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