Exgobernadora Oneida Pinto debe responder ante justicia ordinaria: Corte Suprema

Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira. FOTO COLPRENSA

El caso de Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, corresponde a la justicia ordinaria. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al negar una impugnación de Pinto, investigada por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, y quien solicitaba que su caso llegara a la jurisdicción indígena.

De esta manera, la exgobernadora -elegida para dicho cargo en 2015, pero destituida en junio de 2016 por irregularidades en su postulación- buscaba quedar en libertad, pues se encuentra retenida desde el 2 de julio de 2019, cuando un juez de garantías le impuso medida de aseguramiento.

Cuando esto ocurrió, la defensa de Pinto argumentó que había un conflicto de jurisdicciones pendiente por resolverse. Argumentaba que el caso debía llegar a la jurisdicción indígena porque Pinto es “indígena wayú del clan Pushaina y en la actualidad es miembro activo del resguardo indígena 4 de Noviembre, ubicado en Albania, Guajira”.

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Ante este panorama, el expediente fue enviado al Consejo Superior de la Judicatura, para que resolviera el conflicto de jurisdicciones. El 30 de octubre del año pasado, la corporación concluyó que correspondía a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, Pinto apeló la decisión, por lo que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

La exgobernadora señaló que su privación de libertad debía declararse nula porque “se impuso sin tener competencia para ello”, insistiendo en que se mantenía el conflicto de jurisdicciones.

Pero la Sala de Casación Civil del alto tribunal fue contundente al resolver el caso. En la providencia explica que “como el Consejo Superior de la Judicatura zanjó el conflicto de jurisdicciones, determinando que la especialidad penal de esta justicia es la que debe impulsar la lid, las razones para reprochar lo rebatido se desvanecen”.

La exmandataria es investigada por supuestamente apropiarse de los recursos de dos contratos celebrados, cuyo destino era adoquinar las vías de Albania, municipio del que fue alcaldesa entre 2012 y 2014, y que tenían un valor de $12.590 millones.

Además, Pinto enfrenta otro proceso por la defraudación de recursos del Programa contra la Mortalidad Infantil en La Guajira, mediante la firma de convenios interadministrativos con el Hospital San Rafael de Albania, que tenían un valor de $18.600 millones.