Se trata de los ahora viceministros Olga Claros y Yefferson Dueñas. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia por redes sociales. Además, informó que radicará ante el Congreso los proyectos que darán desarrollo normativo a la política de ‘Paz Total’ del Gobierno.
A través de las redes sociales del Ministerio de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre anunció la designación de sus dos nuevos viceministros: Olga Lucía Claros Osorio, encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, a cargo de Promoción de la Justicia.
Por un lado, Olga Lucía Claros Osorio es abogada y cuenta con una maestría en Gobernabilidad y Democracia (2015); además de tres especializaciones en Derecho Público (2005), Derecho Disciplinario (2008) en Ciencias Penales y Criminológicas (2016) y en Derecho Procesal Penal (2017).
Su experiencia abarca sectores como el despacho del gobernador de Boyacá, José Rozo Millán (2011), el despacho de la fiscal General Viviane Morales Hoyos (2012); y como fiscal delegada ante el Tribunal del Distrito de Bogotá (2015), esto de acuerdo con su hoja de vida publicada por el Gobierno.
En ese último cargo, Claros fue señalada por Luis Fernando Velasco —entonces congresista del Partido Liberal y hoy exministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro— de haber intervenido directamente ante varios senadores para persuadirlos de cambiar su voto y así favorecer al fiscal General de la época, Eduardo Montealegre, quien pidió que no se aprobara la proposición que impedía al jefe del organismo litigar tras el retiro.
Claros fue acusada de coordinar las reuniones entre los legisladores y el exfiscal Montealegre y siguió de cerca el trámite de la reforma al equilibrio de poderes desde sus primeras discusiones.
Fue así que Velasco, cuando fue senador del Partido Liberal, mencionó que, “en el marco de una votación una persona que sirve de enlace con el Congreso entre la institución más poderosa que hay en este país después de la Presidencia (...) esté pasando pupitre por pupitre diciéndoles no sé qué a los congresistas (...). Eso muestra un profundo irrespeto por el congreso”.
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Claudia López, cuando fue senadora por el Partido Verde, consideró que era “inaceptable y hasta ilegal que el fiscal General de la Nación, en vez de hacer cumplir la ley, venga a tratar de torcerla a su favor con ‘lobistas’ en el Congreso de la República”.
Eduardo Montealegre, como fiscal General de la Nación, salió a defenderla, considerando que lo que hacía Claros era “totalmente legal, totalmente permitido, que un funcionario que está actuando en el ámbito de sus competencias les exponga a los congresistas razones jurídicas frente a eventuales inconstitucionalidades de un proyecto”.
Dueñas es abogado y cuenta con dos maestrías: una en Estudios Jurídicos (2004) y la segunda en Derecho (2023); además de tres especializaciones: la primera en Derecho Administrativo (2003), la segunda en Derecho Constitucional (2004) y la tercera en Derecho Penal (2020), de acuerdo con la hoja de vida publicada por el Gobierno.
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Tiene experiencia en la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras (2018), en la Secretaría de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca (2023) y fue el abogado defensor del excanciller Álvaro Leyva en el caso de la expedición de los pasaportes por la firma Thomas Greg.
A esto se le suma que, en 2018, presentó una demanda contra la convocatoria a la consulta anticorrupción porque consideraba que algunas de las preguntas implican modificaciones a la Constitución; y fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y colaborador cercano de Eduardo Montealegre, con quien publicó un libro en 2006 e impulsaron, recientemente, la consulta popular por medio del ‘decretazo’.
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Aunque Dueñas no es de las figuras que más resaltan, según La Silla Vacía, es una de las figuras que más ha impulsado esta idea y ha asesorado al Gobierno en este tema.
Además de su experiencia en el ámbito constitucional, Dueñas ha asesorado a figuras políticas como Daniel Quintero, Álex Flórez y Álvaro Leyva.
Como informó en su momento este diario, Dueñas tiene cinco convenios con entidades como la Justicia Penal Militar y el Icfes, entre 2023 y 2025, por un valor total de 611 millones de pesos.
Estos nombramientos se dieron en el marco del anuncio por parte del ministro Eduardo Montealegre de que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso una serie de proyectos de ley que buscan darle desarrollo normativo a la política de Paz Total del Gobierno.
Entre las iniciativas se incluye un marco jurídico para el sometimiento de organizaciones criminales, que contempla mecanismos de colaboración efectiva con la justicia, y otro para la desmovilización de grupos insurgentes, buscando que este proceso no implique escenarios de impunidad.
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