En medio de una impunidad del 96% en delitos sexuales contra menores, regiones como Antioquia registran más de 7.000 ingresos al sistema de protección, mientras organizaciones sociales exigen que el Estado active las unidades especializadas que siguen sin operar plenamente.
Cada día, 50 niños, niñas y adolescentes en Colombia se convierten en víctimas de violencia sexual. Sin embargo, para el 96% de ellos, la búsqueda de justicia termina en un callejón sin salida. La impunidad no solo borra la responsabilidad de los agresores: prolonga el sufrimiento de quienes deberían estar protegidos por el Estado.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Medicina Legal revelan un panorama alarmante. Entre enero y agosto de este año se practicaron más de 11.800 exámenes medicolegales por posible abuso sexual contra menores de edad. Cada caso, además del daño físico y emocional, carga con un riesgo adicional: que nunca avance en el sistema judicial.
La mayoría de las agresiones provienen de personas del entorno cercano: familiares, docentes, vecinos, conocidos. Para muchos niños, denunciar implica enfrentarse a adultos que les exigen silencio, a instituciones que no actúan con rapidez y a la posibilidad de que todo termine archivado.
En promedio, un caso de este tipo tarda siete años en resolverse. Para una víctima, eso significa crecer en medio del miedo, sin reparación y sin certezas.
Las consecuencias de la impunidad son profundas: la revictimización al repetir su relato una y otra vez, la falta de acompañamiento, la sensación de abandono institucional y el riesgo de que los agresores continúen atacando a otros menores.
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El boletín más reciente del ICBF llega a la misma conclusión: la violencia sexual sigue siendo una de las principales razones por las que miles de niños y niñas ingresan al sistema de protección. Solo entre enero y agosto de 2025, estas son las cifras por departamento:
1. Bogotá: 16.146 ingresos
2. Valle del Cauca: 9.132
3. Antioquia: 7.584
4. Nariño: 3.342
5. Santander: 3.132
6. Bolívar: 2.366
Esta semana, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, organizaciones sociales y ciudadanos realizaron un plantón simbólico en Bogotá para exigir acciones concretas. Frente al búnker de la Fiscalía, el mensaje del plantón “Soy su voz” fue contundente: la justicia para la niñez no puede seguir en espera.
“Queremos alertar a la ciudadanía y exigirle al Estado acciones frente a las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, situaciones muy complicadas que, desde 2012, han dejado más de 150.000 menores ingresando al sistema de protección”, expresó Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles SOS, en entrevista con City TV.
Los participantes insistieron en que ya no se trata de cifras, sino de una emergencia nacional. Cada día, además de los casi 50 menores abusados sexualmente, dos niños son asesinados.
Reyes también recordó la deuda pendiente del Estado: “La Ley 2205 de 2022, que exige la creación de unidades especiales para investigar delitos contra niños y niñas, debe hacerse efectiva. Aunque ya existen avances en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, estas unidades aún no cuentan con los recursos suficientes ni con equipos especializados”, le dijo al medio citado.
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Es importante recalcar que, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte a octubre, Medellín reportó 3.614 casos de violencia sexual, dicha cifra representa un incremento del 13% con respecto a los datos arrojados en igual periodo del año anterior.
Según el Sivigila, de estos casos, el 68% corresponde a abusos contra menores de edad. Además, aparece que el 81% de las víctimas son mujeres y el 90 % de los agresores son hombres.
En el caso de Medellín también se refleja lo reportado por Medicina Legal, puesto que en el 40,7% de los casos, los victimarios fueron familiares, mientras que las parejas o exparejas de las víctimas ocupan el 19% de los abusadores.
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