El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, en segunda instancia, decidió confirmar el auto emitido el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, mediante el cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, según lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
La decisión se da en medio del proceso que lo vincula con presuntos hechos de direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico.
En audiencia de segunda instancia, el mismo despacho confirmó la negativa de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el investigado, dentro del denominado ‘Caso Fucoso’, en el que se le señala, junto a su expareja Day Vásquez, de presuntamente haber direccionado contratos por más de 3.000 millones de pesos destinados a la atención de población vulnerable.
Lea más: “El día que abra la boca, vuelan cabezas”: Day Vásquez pierde su cuenta en X tras advertencia explosiva
Durante la diligencia, el juez concluyó que, aunque las conductas imputadas revisten gravedad, la Fiscalía no logró demostrar un riesgo actual e inminente de no comparecencia del procesado.
En ese sentido, se destacó que Petro ha mantenido un comportamiento adecuado frente a la justicia, asistiendo a las audiencias y reportando sus cambios de domicilio de manera oportuna.
También se valoró su arraigo familiar en Bogotá, donde reside actualmente en un inmueble conocido por las autoridades, así como la presencia de su núcleo familiar, elementos que permitieron inferir estabilidad y disminuir el riesgo de fuga.
El despacho reiteró además que las medidas no privativas de la libertad, como la prohibición de salida del país, han resultado suficientes y eficaces hasta el momento para garantizar su comparecencia en el proceso.
Conozca: Fiscalía pide arresto de Nicolás Petro: sale de paseo y no asiste a las audiencias
La investigación de la Fiscalía se centra en presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Consciencia Social (Fucoso) entre 2021 y 2022, que habrían estado dirigidos a programas sociales para adultos mayores.
Según el ente acusador, existirían indicios de presunta manipulación en la contratación y posibles beneficios indebidos asociados a estos procesos.
El caso continúa en etapa de investigación y hace parte de uno de los expedientes más mediáticos que involucran al hijo del presidente Gustavo Petro.
Regístrate al newsletter