Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, insta al Gobierno a hacer una “evaluación muy ponderada” de las implicaciones del proceso electoral.
“Se hace muchísima más intensa la campaña y lo intenso agota”. En estos términos, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), resume la inconveniencia de la consulta popular que prepara el presidente Gustavo Petro ante el eventual revés de sus reformas en el Congreso de la República.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora alerta por una campaña anticipada en detrimento de la ciudadanía, advierte que puede costar hasta $400.000 millones e insta al Ejecutivo a analizar “muy bien” si se quiere encausar en este camino electoral. “Los plebiscitos en gobiernos presidenciales al final de mandato tienen que ser sopesados con muchísima serenidad”, remata.
¿Qué tan conveniente es este proceso electoral en este 2025, previo a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año?
“Antes de poder asegurar que se va a realizar esta consulta, es necesario que pase el primer escollo, que es la aprobación en el Senado. Si esto llegare a pasar, es necesario esperar la logística y el trámite para la votación. Si salen bien las cosas, la consulta sería a finales de este año. Sin embargo, coincidiría con dos fechas de calendario electoral programadas.
Una son las consultas internas de los partidos que se realizará en el mes de octubre. Usualmente las colectividades señalan que van a utilizar esa fecha de consultas internas para conformación de listas. La otra fecha electoral que tenemos es la elección de los Consejos de la Juventud”.
Es decir, ¿en esos procesos se podría realizar también la consulta popular por facilidades logísticas y financieras?
“Si estamos hablando en términos de costos uno podría pensar que posiblemente la infraestructura de alguno de esos dos procesos electorales podría servir de base para la consulta popular. Eso netamente en términos de logística.
Sin embargo, si hablamos en términos políticos con esta consulta se está volviendo mucho más intensa una campaña electoral que inició de manera muy temprana. Apenas la semana pasada iniciamos calendario electoral, pero desde finales del año pasado se viene sintiendo la intensidad con la que se va aproximando la campaña electoral.
Así las cosas, lo que estaría dándose juego es a todos los sectores para aprovechar el tema de la consulta para hacer política, declarándose a favor, en contra o los que hagan el llamado la abstención. Eso va a intensificar muchísimo más la campaña electoral que se avecina”.
¿Qué riesgos electorales tiene una campaña tan anticipada?
“Significa desborde en la financiación de las campañas políticas. Significa que los ciudadanos van a estar saturados en información política. Significa una mayor actividad de las organizaciones políticas frente a las elecciones del próximo año.
Por todo ello, además del anuncio, el mismo Gobierno va a tener que evaluar con mayor frialdad cuál es el impacto que tiene hacer una consulta este año porque se podría terminar entendiendo como un plebiscito al Gobierno. Los plebiscitos en gobiernos presidenciales al final de mandato tienen que ser sopesados con muchísima serenidad”.
Es decir, se desvirtúa el espíritu del proceso. No sería una consulta, sería un plebiscito en clave 2026...
“La consulta empieza a volverse parte de la competencia electoral del próximo año y una primera ronda de votación, no solamente para Congreso de la República, sino una primera una primera vuelta para Presidencia de la República.
Lo que se empieza a poner sobre de la mesa es que se trata de una forma de evaluar la gestión del Gobierno y si hay apoyo o no. Por ello esa consulta debe ser analizada muy bien por el Ejecutivo”.
¿Qué tanto afecta este proceso la transparencia de los comicios en 2026?
“Trastoca todo. Ya tenemos campaña anticipada y ya se sienten los vientos de campaña electoral tanto de Presidencia como para Congreso. Esto lo que hace es que la parte más activa de un proceso electoral, que es la promoción de ideas y la controversia, arranque desde mucho antes.
Repito: además del anuncio político, ojalá también el Gobierno haga una evaluación muy ponderada de las implicaciones que eso tiene para la campaña electoral no vista en un abstracto, inclusive teniéndose en cuenta ellos en la competencia electoral”.
¿En qué términos se deben plantear las preguntas de la consulta popular?
“El riesgo es que se pueden terminar desviando las preguntas que se hagan respecto a lo que los ciudadanos piensan en temas de las diferentes reformas con el debate electoral.
Así, se terminan gastando más plata y cansando a la ciudadanía de estar viendo procesos electorales. Se hace muchísima más intensa la campaña y lo intenso agota”.
Es un cálculo que debe hacer la Registraduría, pero por su experiencia le pregunto: ¿aproximadamente cuánto puede costar un proceso de este calibre?
“Puede estar costando entre 350.000 y 400.000 millones de pesos”.
