Las declaraciones del ministro de Salud sobre posibles incumplimientos financieros abrieron un cruce de versiones con la gerencia del Hospital Universitario de Santander por la ejecución de recursos y la formalización laboral.
El manejo de recursos y los compromisos de inversión en el Hospital Universitario de Santander (HUS) abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y la administración de la institución. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que existen acuerdos financieros adquiridos desde su cartera que, hasta ahora, no se han materializado en desembolsos efectivos, situación que, según dijo, pone en entredicho el cumplimiento de lo pactado.
De acuerdo con el ministro, el Ministerio de Salud se comprometió a girar 66.000 millones de pesos al hospital, compromiso que incluso habría sido asumido ante el contralor general. Sin embargo, Jaramillo señaló que esos recursos no han sido ejecutados. “Acá tenemos que cumplir”, manifestó.
El jefe de la cartera detalló la destinación prevista de los recursos: 12.000 millones de pesos para la restauración de los pabellones de ginecología y pediatría; 21.000 millones de pesos para la adquisición de un acelerador lineal, más otros 12.000 millones para la construcción del búnker que lo albergaría; y 33.000 millones de pesos orientados a procesos de formalización laboral.
En este contexto, Jaramillo advirtió que, de persistir los retrasos, no descarta solicitar una intervención administrativa. “Si me toca intervenir este hospital para que se cumpla la cosa, pues voy a pedir una intervención. Nosotros hemos sido respetuosos con el gobernador, pero yo no vengo a hacer el payaso de nadie”, afirmó.
El ministro atribuyó las demoras a una falta de voluntad institucional, que, según dijo, se traduce en dilaciones constantes. También cuestionó la dinámica de las mesas de trabajo y denunció exclusión hacia los sindicatos.
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“Para eso se hacen las mesas; les pide uno que se integren con los sindicatos. Pero los excluyen y los persiguen. Ni siquiera los dejan entrar; solo dan el ingreso a los que están contentos”, señaló.
Añadió que los compromisos deben cumplirse o, de lo contrario, devolverse parte de los recursos: “Esto se hace o no se hace. Y si no se cumple, deben devolver la mitad de los recursos, porque ese fue el compromiso. A mí no se me olvidan las promesas; a otros tal vez sí, a mí no”.
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Ante estas declaraciones, la gerencia del Hospital Universitario de Santander respondió señalando que sí existe voluntad de avanzar en la formalización laboral, pero advirtió que este proceso debe realizarse bajo criterios técnicos, financieros y legales que garanticen la sostenibilidad de la institución.
El gerente del HUS, Ricardo Hoyos, explicó que durante la visita de los ministros de Trabajo y Salud se reiteró el compromiso de adelantar una formalización “responsable, sostenible y ajustada a la ley”, con el fin de preservar la estabilidad institucional y la continuidad de los servicios.
Sobre los recursos anunciados por el Gobierno, la administración del hospital precisó que los cerca de 60.000 millones de pesos mencionados en noviembre no corresponden a nuevos incentivos, sino al pago de una deuda histórica del Estado por la atención brindada a población migrante.
“Son recursos por servicios ya prestados y una obligación legal del Estado, no un fondo adicional para ampliar la planta de personal”, indicó la gerencia, que subrayó que cualquier aumento de personal implica costos permanentes, más aún en un contexto de incremento del salario mínimo.
En ese sentido, Hoyos recordó la liquidación del antiguo Hospital Ramón González Valencia en 2005, atribuida a la falta de pagos, como un antecedente que, según dijo, no puede repetirse.
La administración del HUS insistió en que la formalización no puede hacerse de manera improvisada ni bajo presiones coyunturales, ya que requiere estudios técnicos, respaldo financiero y la aprobación de la junta directiva, instancia competente para decisiones estructurales.
Otro punto de preocupación expuesto por el hospital es la situación de cartera. Según la gerencia, sin garantías de continuidad en los pagos del Gobierno nacional y de cumplimiento oportuno por parte de las EPS, cualquier proceso de formalización representaría un riesgo financiero.
Pese a este panorama, el HUS confirmó que recibió una multa sancionatoria del Ministerio de Trabajo cercana a los 3.000 millones de pesos, aún no ejecutada, y que tiene plazo hasta junio para presentar un proyecto base que permita avanzar en la formalización de un grupo significativo de trabajadores. La institución afirmó que este requerimiento está siendo atendido con “seriedad y responsabilidad”.
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El hospital también expresó preocupación por lo que calificó como discursos con tintes políticos desde algunos escenarios públicos, en medio de un contexto preelectoral, al considerar que generan incertidumbre y afectan la confianza institucional.
“El hospital está al día en el pago de salarios, no presenta riesgo financiero inmediato y actúa conforme a la autonomía regional consagrada en la Constitución de 1991”, concluyó la gerencia, al reiterar que la formalización laboral debe contar con respaldo financiero continuo y ser asumida como una política de Estado.
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