Luis Felipe Henao llega sudoroso y quejándose por el calor de Medellín. En sus palabras hay mezcla de sorpresa y preocupación porque bajo sus hombros está el Ministerio de Vivienda, despacho que debe garantizar el suministro de agua a más de mil municipios de Colombia, y que hoy está escasa por culpa del fenómeno de El Niño.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Henao dice que su ministerio ha impuesto un millón 250 mil sanciones a los derrochadores de agua y señala que las medidas de prevención han sido adecuadas y así se evidencia en el país.
¿Cómo está el abastecimiento de agua en los municipios que están hoy sin el líquido?
“Este fenómeno de El Niño es el más grave de este milenio y tal vez uno de los más graves de la historia del país. La temperatura promedio subió entre dos y tres grados. En ciudades como Ibagué ha aumentado 4 grados la temperatura. Hemos llegado a temperaturas históricas en el país como en Puerto Salgar con 45 grados. Tenemos un déficit de lluvias del 80 por ciento. Hay regiones del país donde no ha llovido este año y lo poquito, ese 20 por ciento, al tener unas temperaturas tan altas se evapora muy rápido, entonces no hemos podido recargar todas las fuentes hídricas. Eso ha conllevado a que se esté afectando el río Magdalena en su navegabilidad. Hay sitios como Puerto Wilches, como Barrancabermeja, como Puerto Berrío con niveles de 0,3 y 0,4 cuando tendría que estar en un promedio de 3,4 metros. Eso ha conllevado a que todos esos municipios ribereños estén pasando por un mal momento. Tenemos 777 municipios con todos los esquemas de emergencia. Esperábamos tener 320 municipios con racionamiento pero las medidas que hemos tomado nos han permitido que 180 municipios no entren, aunque están en riesgo alto de un racionamiento. Hoy tenemos alrededor de 128 municipios en el país con racionamiento”.
¿Han servido las sanciones económicas? ¿Cuántas van?
“Claro que han servido las sanciones, ya van 1.250.000 sancionados por derroche de agua potable. El país estaba derrochando 7 millones 800 mil metros cúbicos de agua potable. Y gracias a esa medida se ha bajado eso entre 260 mil y 360 mil. Sí hemos entrado en un tema de solidaridad y la gente sí está en el proceso por lo menos de cerrar la llave. Estamos trabajando con las corporaciones autónomas, Cornare, Corantioquia, Corpourabá, en disminuir todas las concesiones de agua. Para consumo humano se utiliza entre el 7 y el 9 por ciento; el 60 por ciento es para temas agrícolas y lo otro es el energético. Lo que hemos hecho es empezar a cerrar concesiones de agua. También nos están sirviendo las medidas policivas, mucha gente se conecta de forma ilegal y con agua potable estaban regando jardines, lavando carros, y con agua potable haciendo mil funciones que hacía que se diera menos caudal para llevar agua a los acueductos”.
Faltan dos meses todavía de sequía o quizá un poco más ¿Si alcanzan todas estas medidas?
“Lo que estamos haciendo es trabajar para que alcancen. Si ya no están derrochando 7 millones de metros cúbicos de agua potable pues estás introduciendo capacidad al sistema. Si estás reduciendo concesiones estás metiendo capacidad al sistema, pero cada vez es más difícil, más complicado, por eso la cultura del ahorro es importante y por eso seguir luchando contra conexiones ilegales y continuar con los planes de emergencia y contingencia en cada uno de los municipios es importante. El fenómeno de El Niño no termina el 31 de marzo a las 12 de la noche. No. Esto se va a prolongar hasta junio porque ya en abril habrá déficit de lluvias de 40 por ciento, después déficit de lluvias del 30 por ciento y después ya no vas a tener déficit de lluvias. Posteriormente, la gran dificultad es cuando empiece a llover y recuperar las fuentes hídricas también se va a demorar”.
¿Cuánto se ha recaudado por sanciones y para dónde van esos recursos?
“Esos recursos van para el Fondo Nacional Ambiental y los maneja el Ministerio de Ambiente y se supone que tienen que invertirse en procesos de reforestación, para procesos de cuidados y recuperación de cuencas y esa es la fuente de esos recursos. Son 8.000 millones de pesos en total. Esta no es una medida para subir tarifas como fue la discusión que se dio con el Ministerio de Minas con el consumo energía, esto es por el derroche”.
¿Cuánto le va costar al Ministerio este fenómeno de El Niño?
“Hemos generado con las gobernaciones inversiones por 780.000 millones de pesos. Como país ya hemos generado inversiones por 1,3 billones de pesos. Esas inversiones están en proceso de nuevos acueductos y optimizaciones de nuevos acueductos. Uno de los temas son los planes de contingencia y es que si usted tiene dos fuentes hídricas cercanas, nada más estaba captando de una, pues una de las soluciones es generar un bypass para traer de un sitio a otro. De eso hemos tenido más de 176 proyectos que nos han permitido alivianar el impacto del fenómeno. Pero los otros 1,3 billones de pesos no salen de recursos del Ministerio pero sí de recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo”.
Cambiando de tema Ministro, siguen las quejas en las 100.000 viviendas gratis que se entregaron porque no tienen con qué pagar los servicios públicos, porque hay problemas de convivencia, inseguridad...
“En los programas de vivienda gratuita se van a reproducir los problemas que tiene una ciudad. Salió una denuncia en Barranquilla que decía que en Villas de San Pablo se habían violado 10 niños. Eso le abre los ojos a uno porque todo lo que pase en los programas tiene que ver con uno. Me fui a averiguar y esos 10 niños se descubrió que había un riesgo de violación o de maltrato porque gracias a los programas de acompañamiento social llegó el Icbf con una metodología de títeres y pudo descubrir que podía existir eso. Qué quiero decir con eso: que esos problemas no nacen como consecuencia del programa de gratuidad, son los problemas con los que las familias venían desde antes. En Villa Santa Fe, en Robledo, se denunció que un combo se estaba apoderando de un proyecto y estaba cobrando vacunas. Yo le estaba haciendo seguimiento a ese proyecto hace seis meses, antes de que saliera eso, y era que donde se desarrolló el proyecto en Robledo, ya había una banda, la banda estaba antes de que llegara el proyecto. ¿Qué hizo la banda? Muchas de estas familias son desplazadas y a estas familias les dan un proceso de indemnización, les llegan 3 o 4 millones de pesos, lo que hizo la banda fue que vio una fuente de recursos y empezó a extorsionar. No es que el programa de vivienda gratuita traiga un mayor nivel de inseguridad, antes por el contrario, en muchos proyectos hay más seguridad”.
¿El Ministerio hace viviendas y luego se va?
“No nos vamos. Estamos invirtiendo en estos programas más de 700.000 millones de pesos y vienen 300.000 millones de pesos más. Si uno divide eso por las 100.000 viviendas es una inversión por ciudadano de 7 millones de pesos. ¿En qué estamos invirtiendo? Desarrollando 29 megacolegios. Hemos construido 4.000 centros de atención infantil. Estamos generando 27 procesos de canchas y espacio público. Se está generando trabajo fuerte con fundaciones. La estabilización social de estas familias no se hace en un año, en dos años o en tres años, se puede demorar hasta cinco años y vamos a tener que estar encima porque hay gente que no sabía utilizar un baño”.
Su Ministerio contrató con Natalia Springer una serie de estudios ¿De qué le sirvieron al programa?
“Cuando se genera la Ley 1537, la anterior directora de la Anspe, Beatriz Linares, que había hecho trabajos con ella en el Icbf, encontramos que en el país no había una política para atender socialmente estas urbanizaciones y era necesario empezar a construir esa política. De ahí nace por ejemplo ubicar dónde tenemos que hacer esos 29 colegios de forma rápida, dónde tenemos que hacer los esquemas de seguridad, cuál era la atención para los niños, todo se hizo de la mano de la Anspe. Estuvo Roberto Angulo, exdirector del DPS, entre otros profesionales”.
¿Era necesario firmar un contrato sabiendo que ustedes en el Ministerio tienen gente con esos perfiles?
“Nosotros no teníamos en el Ministerio ninguna persona de ese perfil. En este Ministerio se suponía que íbamos a construir las viviendas, era nuestra función, y el que tenía que hacer la metodología de acompañamiento social era el DPS, pasados dos años no lo había hecho. Yo tenía que desarrollar una política y al Ministerio le tocó cambiar toda su normatividad, cuatro leyes para poder dar los resultados que estoy dando. Tuvo que cambiar el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Presupuesto, tuvo que meter un artículo en la Ley de Vivienda porque el Ministerio no estaba facultado para hacer un colegio, no estaba facultado para hacer un acompañamiento social”.
¿Qué porcentaje de habitabilidad tienen las viviendas?
“Un 90 por ciento. Y eso sale de una encuesta del Dane para verificar la habitabilidad y saber si la gente sí estaba viviendo o no allí” .
