Mientras las investigaciones sobre la precipitación a tierra del avión militar C-130H Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, avanzan, se dio a conocer unas diferencias existentes entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa sobre la gestión y suficiencia de los recursos para el mantenimiento de la flota aérea militar.
El siniestro ocurrió el pasado 23 de marzo cuando la aeronave adscrita a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cayó a solo un kilómetro y medio del aeródromo de esa comunidad del sur del país, esto minutos después de hacer su despegue.
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Este avión tenía como objetivo abastecer de víveres y llegaba a bordo a 128 integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales fallecieron 69, siendo esta la tragedia más grave en la historia militar de Colombia.
Teniendo en cuenta la gravedad de los sucedido y buscando que este tipo de hechos se repitan, uno de los debates que se ha abierto es en cuanto al mantenimiento que se le está haciendo a la flota militar y a los recursos asignados, sobre todo aludiendo a que en esta última semana se supo que la aeronave hace parte del 67 % de aviones de la FAC que no está asegurada.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa, “considerando el déficit existente en el 2026, aproximado de $244.000 millones por este concepto para la presente vigencia, se han realizado los requerimientos desde el sector defensa para suplir esta necesidad. Con los recursos disponibles está asegurado el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública”, expresó la cartera, agregando que el Hércules C-130H estaba fuera de ese cubrimiento.
Sin embargo, se conocieron informes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Hacienda en donde las dos entidades se contradicen en cuanto a la solicitud de recursos y su suficiencia para el mantenimiento de la flota aérea.
Desde la cartera encabezada por el general retirado Pedro Sánchez, según los documentos conocidos por El Espectador, se sostiene que las diversas fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía) sí reportaron sus necesidades de recursos a través de los anteproyectos de presupuesto durante el proceso de programación.
El Ministerio de Defensa habría hecho una solicitud de recursos de 53,4 billones de pesos, sin embargo, al haber una asignación menor, esta cartera tuvo que ajustar sus planes para concentrar esfuerzos únicamente en garantizar la operatividad básica.
Contrario a eso, según los documentos conocidos por el medio citado, el Ministerio de Hacienda alega que tras revisar su base documental, “no se encontró comunicación oficial” que advirtiera específicamente sobre la falta de recursos para el mantenimiento de las aeronaves militares.
A su vez, la cartera encabezada por Germán Ávila reconoció que, atendiendo a la disponibilidad fiscal del país, se apropiaron 21,2 billones de pesos para las Fuerzas Militares mediante el Decreto 1477 de diciembre de 2025.
Las diferencias no sólo están en las versiones sobre las solicitudes y los montos sino, además en los recursos futuros y en la modernización de los aviones, pues MinHacienda advierte que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó el 7 de octubre de 2025 un cupo de vigencias futuras por cerca de 17 billones para el periodo 2026-2032, destinados a la adquisición de nuevas aeronaves de superioridad aérea e infraestructura.
Respecto a eso, en el control político al que fue citado en el Congreso, MinDefensa expresó que las aeronaves en servicio son seguras y cumplen con los requisitos operativos y aludió a dificultades por restricciones internacionales que limitan transacciones con empresas de mantenimiento en ciertas listas.
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