Según la investigación, aproximadamente 24 personas beneficiadas de estos títulos irregulares terminaron vinculados a 16 entidades del Gobierno Nacional bajo la administración de Gustavo Petro. Estas contrataciones habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.
Antes estas denuncias, el Ministerio de Educación había adoptado una postura de distanciamiento. En comunicados oficiales, la entidad aseguró que no tenía competencias en la expedición de títulos ni forma parte del proceso formativo, desvinculándose de cualquier relación contractual con la institución investigada.
La cartera inicialmente “se lavó las manos” al afirmar que su función se limitaba a la inspección y vigilancia, rechazando cualquier intento de relacionar al Ministerio con actividades ilícitas de titulación.
Sin embargo, en una entrevista con Caracol Radio, el ministro Daniel Rojas anunció que esa entidad está próxima a emitir un pliego de cargos contra la Fundación San José.
“El proceso de inspección ya surtió su fase preventiva y actualmente nos encontramos en la etapa previa a la fase sancionatoria, en la que estamos próximos a emitir un pliego de cargos contra la Fundación San José”, dijo Rojas Medellín ante el medio citado.
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El ministro Rojas enfatizó que, si bien se busca establecer responsabilidades tanto de la persona jurídica como de las naturales, no se debe criminalizar a los estudiantes, a quienes calificó como posibles víctimas de estas prácticas.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el presunto cartel de diplomas?
- Es un esquema en el que se habrían expedido títulos profesionales sin cumplir requisitos legales como la presentación del examen de Estado.
- ¿Qué sanciones podría enfrentar la Fundación San José?
- El Ministerio de Educación podría imponer sanciones administrativas tras la formulación del pliego de cargos, según el resultado del proceso sancionatorio.
- ¿Los estudiantes perderán sus títulos?
- El Ministerio aclaró que los estudiantes no deben ser criminalizados y podrían ser considerados víctimas del proceso.