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Colombia | PUBLICADO EL 06 septiembre 2022

¿Por qué el Ministerio de Educación está pidiendo más platas para las universidades públicas?

Los recursos son para 64 instituciones. Gobierno dice que hay dudas sobre condonación a desertores de Ser Pilo Paga.

  • A nivel nacional, son 64 las universidades públicas que están funcionando y requieren mayor inyección de dinero para fortalecer la calidad y la cobertura de la educación superior. FOTO Esneyder gutiérrez
    A nivel nacional, son 64 las universidades públicas que están funcionando y requieren mayor inyección de dinero para fortalecer la calidad y la cobertura de la educación superior. FOTO Esneyder gutiérrez
  • A nivel nacional, son 64 las universidades públicas que están funcionando y requieren mayor inyección de dinero para fortalecer la calidad y la cobertura de la educación superior. FOTO Esneyder gutiérrez
    A nivel nacional, son 64 las universidades públicas que están funcionando y requieren mayor inyección de dinero para fortalecer la calidad y la cobertura de la educación superior. FOTO Esneyder gutiérrez

Una de las propuestas que está en el corazón del Gobierno del Pacto Histórico es la de impulsar la educación pública, gratuita y de calidad. No obstante, el Ministerio de Educación alertó que, como van las cosas, no hay dinero suficiente para materializar las propuestas que se hicieron en campaña y está necesitando más de $200.000 millones más de lo que se había presupuestado para el 2023.

Una de las principales preocupaciones que esbozó esa cartera ministerial tiene que ver con varios de los compromisos que ya tiene el Estado con la educación superior. De hecho, detalló que esa fue una de las alertas que hizo durante el informe de empalme.

“En el anteproyecto de presupuesto del año 2023 no se incluyeron recursos adicionales para el mejoramiento de las 64 instituciones de educación superior públicas del país”, detalla el documento que compartió la cartera de Educación con los congresistas.

Allí también se advierte que este aumento progresivo de recursos se había acordado con los movimientos estudiantiles y se había hecho efectivo entre 2019 y 2022.

¿Cómo funcionaba la inyección de dinero que habían acordado con los estudiantes? De acuerdo, con Hami Gómez, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional, se trataba de un aumento presupuestario específico para cada año.

Anualmente se suponía que debía haber un aumento conforme al Índice de precios al Consumidor. A esa cifra se le sumaba un porcentaje cada año. Por ejemplo, el de 2022 estaba fijado en un aumento que equivalía al IPC más el 4,5 %.

Gómez señaló, sin embargo, que el cálculo que hizo el Gobierno anterior subestimó la inflación que acabó presentándose en 2022. Por ello, argumentó que las universidades públicas recibieron cerca de $70.000 millones menos de lo que esperaban para el año en curso.

“Lo que hemos dicho es que además de aumentar esos $70.000 millones para el 2023, tiene que subir lo del IPC más 5 %, porque eso garantizaría que se asignaran los recursos necesarios para empezar a resolver los problemas de funcionamiento”, dijo Gómez.

El líder estudiantil explicó que la falta de recursos que tienen hoy les hacen pasar necesidades tanto a las universidades como a sus estudiantes.

“Por eso acaban los programas de bienestar universitario, suben las matrículas, no tienen recursos para los protocolos de atención deviolencias basadas en género o para atender adecuadamente los temas de salud mental”, concluyó.

Por lo pronto, solo para las universidades públicas, el Ministerio de Educación compartió que necesitaría cerca de $209.000 millones más de lo que había esbozado el saliente Gobierno Nacional. Si bien falta ver en qué queda la asignación de recursos para la educación superior pública, hay un punto en el que están coincidiendo el ministro Alejandro Gaviria y los estudiantes: la Ley 30 tiene que se reformada.

Así lo reafirmó Gaviria en una reciente visita a Manizales y así lo sostienen también los movimientos estudiantiles. Una de las principales quejas que tienen con la normativa vigente –que en 2022 cumple 30 años– es que les pide a las universidades públicas tienen que asumir casi la mitad de su financiación.

Esta plata la consiguen haciendo maromas, cobrando matrículas, alquilando sus instalaciones y prestando distintos servicios pedagógicos y de investigación. Las dificultades se palpan en la falta de cupos y en el deterioro de sus edificios, que en algunas sedes es evidente.

En todo caso, una de las soluciones que está planteando el Ministerio de Educación es llevar adelante unas mesas “de trabajo” con todos los actores del sector. De ahí quieren que resulte uun trabajo “participativo” en el diseño de la nueva norma. Se espera que estas reuniones se adelanten en las próximas semanas.

¿Y el perdón de los ‘pilos’?

El Ministerio de Educación también detalló que con la plata que está presupuestada podría haber serios líos para cubrir las condonaciones de las deudas que contrajeron los estudiantes de ‘Ser Pilo Paga’ que no pudieron continuar sus estudios.

Perdonar esas deudas había sido una promesa del propio ministro Gaviria. Según la alerta de su cartera, tampoco es claro de dónde saldrá el dinero para condonar esos pagos.

El Ministerio de Educación, sin embargo, advirtió que una de las acciones que va a tomar para resolver este asunto será una “redefinición del rol del Icetex”.

Mauricio Toro, quien fue designado como nuevo presidente de esa entidad, señaló que aún se está analizando el tema de las condonaciones, que fueron una promesa de la campaña del presidente Petro. Según dijo, se posesionará en su cargo hasta esta semana, por lo cual es apresurado hacer declaraciones al respecto.

Eso sí, esbozó cuáles son sus prioridades. Explicó que hoy ya existen líneas de crédito del Icetex que permiten condonar una parte de las deudas en tanto el pago haya sido cumplido durante el período de estudio. “¿Cuál es el problema? Que hoy el Icetex está atrasado en algunas líneas con ese cumplimiento”, explicó. Y advirtió que le dará prelación a resolver esa cuenta pendiente.

A su vez, dijo que necesitan revisar la situación de los deudores que tienen carteras de 10 o 15 años sin pagar, están embargados y tienen reportes en Datacrédito. Entre otras cosas, son personas que tienen embargos e incluso no han podido vincularse a trabajos formales.

Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

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