Una vez se dé el nuevo acuerdo con las Farc, más de 2.000 militares condenados hace más de 5 años por delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, cometidos con ocasión del conflicto armado, podrán obtener su libertad, esto si aportan toda la verdad y cumplen con medidas de reparación a las víctimas.
Si bien el cuerpo de oficiales de la reserva activa se puso de acuerdo con el Gobierno sobre los tratamientos especiales diferenciados para agentes estatales, las víctimas dicen que los beneficios deben darse solo si cumplen con las exigencias de verdad, reparación y garantías de no repetición establecidos en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización que representa a víctimas de falsos positivos y otras acciones indebidas de la Fuerza Pública, explicó que “cuando se trata de delitos de Agentes del Estado, es doblemente grave en el sentido de que es cometido con medios legales, además, por personas que tienen la obligación de proteger y abusan de la fuerza y del armamento para atacar directamente a la población”.
Sin embargo, las víctimas respaldan la Jurisdicción Especial para la Paz, según Arboleda, porque plantea el requisito de “un compromiso serio y decidido con el reconocimiento de responsabilidad, verdad sobre los hechos, sobre los patrocinadores, sobre quienes apoyaron y la reparación”.
Los militares aprobaron
El Título Tercero de la Ley de Amnistía e Indultos obtuvo el aval de las 17 organizaciones de militares y policías que hacen parte del cuerpo de oficiales de la reserva activa, después de una reunión con representantes del Gobierno, la Fuerza Pública y algunos plenipotenciarios de la mesa de diálogos.
El general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, Acore, le contó a EL COLOMBIANO que las respuestas que obtuvo por parte del Gobierno lo satisficieron totalmente y que entendió, al igual que sus colegas, que es justo lo que se necesita en este momento.
¿Cómo funcionará?
De acuerdo con el documento, el Estado renunciará a la acción penal contra Agentes del Estado por conductas cometidas con ocasión o causa del conflicto armado, es decir no investigará, ni juzgará, ni condenará delitos cometidos durante combates o en acciones militares como una forma de fortalecer la paz y llegar al fin del conflicto, a excepción de los delitos de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros graves hechos.
Las sanciones proferidas en esa justicia contra los agentes estatales perpetradores de delitos graves serán similares a las de la Jurisdicción Especial de Paz, cinco años en unidades militares.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas explicó que la justicia transicional traerá: “para las Farc amnistías, para los miembros de la Fuerza Pública renuncia a la acción penal, que signifique que nuestros hombres sub júdice puedan estar rápidamente gozando de la libertad, con las condiciones de esta legislación”.
Por ahora a los Agentes del Estado procesados o condenados solo les queda esperar que haya un acuerdo en La Habana, porque es la única forma de que exista justicia transicional y que ellos puedan tener un tratamiento diferenciado por los delitos cometidos en la prestación de su servicio.
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